En la Casa Rosada ya se redactó el decreto que incluye a departamentos mendocinos y sólo falta la firma de Cristina, pero la oposición dice que no tendrá validez porque las facultades delegadas por el Congreso se extinguieron en agosto y ahora sería necesaria una ley.
El Gobierno presentará el tema como un logro alcanzado por Mendoza, al haber "igualado condiciones de inversión" vigentes en las provincias vecinas de San Juan y San Luis, luego de 30 años.
Pero a la discusión sobre la evaluación de los resultados, es posible que se sume una sobre los instrumentos legales para hacer viable lo acordado por Jaque, el gobernador sanjuanino José Luis Gioja y la presidenta, Cristina Kirchner.
El Ejecutivo provincial enviará a la Legislatura esta semana el detalle de lo acordado "una vez perfeccionados los instrumentos legales correspondientes", según el comunicado oficial leído por el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, que puso fin a medias a semanas de silencio oficial sobre el tema.
La referencia dejó abierta la posibilidad de que el entendimiento final sea formalizado a través de uno o más instrumentos y en ese sentido han venido trabajando tanto los abogados del Ejecutivo (Asesoría y Secretaría Legal y Técnica) y los de la Fiscalía de Estado de Mendoza, como los de la Casa Rosada.
Todos se mueven buscando un acuerdo transaccional satisfactorio, que pueda ser homologado por la Corte de la Nación. Esto le dará el carácter de una sentencia que impedirá nuevos planteos de cualquier parte.
Esto último deja afuera eventuales presentaciones futuras como las que en su momento amagaron hacer los municipios (fundamentalmente los gobernados por el cobismo y el radicalismo) en caso de disconformidad con lo resuelto. Es que el nuevo acuerdo habla de incluir a siete departamentos y deja afuera a once.
La discusión sobre los "instrumentos" adecuados para formalizar el acuerdo -ya alcanzado entre Jaque y Cristina- pasa por la validez y el alcance de un decreto del Ejecutivo o por la necesidad de una ley aprobada por el Congreso. Y sobre si es necesaria o no la firma de convenios -centrales o adicionales- entre las provincias involucradas que -en caso de incluirse- deberán pasar necesariamente por las legislaturas provinciales.
"Basta con una herramienta administrativa", dicen en una Casa de Gobierno concentrada en largos análisis sobre el tema, inclinándose a favor de un decreto presidencial que, según confirmaron en la Casa Rosada, ya está a la firma de la Presidenta, quien está esperando que la Corte acepte el pedido de desistimiento de la demanda presentada por Mendoza contra el decreto 699.
"Un decreto no tendrá validez, se debe apelar a una ley del Congreso", afirman en una oposición convencida de que el Ejecutivo Nacional no tiene ya más facultades delegadas desde el 28 de agosto y por lo tanto, al no tener validez el decreto redactado, no podría sumarse Mendoza a los beneficios.
Así, la discusión existente en el Congreso sobre las facultades delegadas parece trasladarse a la provincia. Si las facultades delegadas "se cayeron" automáticamente al vencerse el plazo de delegación (como afirma, entre otros, el senador cobista Juan Carlos Jaliff) o si continúan vigentes hasta que el Congreso se pronuncie expresamente sobre cada una de estas facultades (como afirman en el oficialismo). Nadie descarta un decreto de necesidad y urgencia que pueda ser acompañado por el Congreso si finalmente el decreto simple no es posible.
Por el momento, ni la Provincia ni la Fiscalía de Estado tienen efectivos sus desistimientos (la Corte se pronunciaría el martes). Pero es evidente que son parte del acuerdo con la Casa Rosada y a ellos está atado también que entre en vigencia la inclusión de Mendoza en el Programa Federal de Desendeudamiento, que prevé una quita de la deuda y una refinanciación flexible. Un desistimiento unilateral no extinguiría la causa sino simplemente quitaría a uno de sus actores.
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