Según explicó Allende, una de las causas fue iniciada por la empresa Orbis, radicada en el interior de nuestra provincia (Fraga), y pide “la represión de los cupos de la promoción industrial”, lo que implica “no una actualización o indexación de los cupos de promoción, sino simplemente mantener la ecuación económica del sistema de la Promoción Industrial, y garantizar así que las empresas tengan un beneficio real y actual”. De acuerdo al fiscal, la Provincia se suma a esta causa porque es la más adelantada de todas, ya que cuenta con “4 o 5 votos de la Corte Suprema”.

La otra acción legal a la cual San Luis se ha presentado fue iniciada por la provincia de La Rioja, y solicita que la Corte “intervenga como único tribunal en el conocimiento de la validez y constitucionalidad del decreto presidencial 699 de 2010”. La Rioja tomó esta acción luego de que jueces federales de Mendoza y San Juan fallaran en contra y a favor, respectivamente, del decreto 699.

Para concluir, el fiscal aseguró que el Gobierno ha tomado estas decisiones luego de sendas reuniones y pedidos de la CGT y cámaras empresariales de la provincia. Al respecto, Allende destacó que hay más de 17 mil puestos de trabajo en juego.