Cuando nos preguntamos el por qué de la defensa del régimen de Promoción Industrial, hay que retrotraer la mirada a lo que sucedía en La Rioja hacia mediados de la década del ‘60 del siglo pasado.

Sin dudas hoy cuesta pensar en una ciudad, con poco más de 60 mil habitantes y una provincia que no superaba los 120 mil, con una enorme cantidad de comprovincianos que emigraban a otras ciudades en busca de posibilidades, tanto de estudio como de trabajo que esta tierra no ofrecía.

La historia de la Ley de Promoción, que surgió en pleno proceso militar, no devalúa su méritos y las luchas que se libraron anteriormente para obtener un sistema diferencial que compense las diferencias y los desafíos de producir en estas tierras distanciadas de los centros poblados del país y también de los puertos.

En realidad en la Argentina se aplicaron regímenes de incentivos fiscales, a diferentes sectores de la economía, desde los albores de gobiernos peronistas, pero los mismo tuvieron la características de ser generales, aplicables en cualquier punto del país, por lo que las provincias con menor desarrollo -entre ellas La Rioja- no vieron florecer sus beneficios como si pudieron hacerlo Tucumán, Mendoza o Salta.

Hacia fines de la década del ‘60, la intervención federal que gobernaba la Provincia gestionó sin éxito un régimen económico diferencial para las industrias. Pero algo cuajó del pedido a las autoridades nacionales y se logró la radiación de algunos establecimientos agroindustriales en la zona del Oeste a principio de la década del ‘70.

A mediados de esta década, el Gobierno constitucional no tuvo tiempo de hacer una replanteo económico, dada la turbulencia política del momento, aunque consiguió una reivindicación social para la provincia con la firma del Acta de Reparación Histórica.

Sin embargo a fines de esa década, un grupo de jóvenes profesionales riojanos interesaron al gobernador de facto, Francisco Llerena y consiguieron, el 26 de junio de 1979, el dictado del decreto Ley 22021 o Régimen especial de Franquicias tributarias que tiene por objeto estimular el desarrollo económico de la Provincia de La Rioja.

Industria y población

La Rioja registra un Crecimiento Vegetativo de su población del orden de los 4.500 habitantes por año.

En tanto que entre 1960 y 1970 su Crecimiento por habitante por décadas era de entre 700 a 800 habitantes por año. La década siguiente pasó a 750 a 1500 habitantes por año, mientras que en el primer decenio de la Promoción Industrial pasó a ser un polo de radicación poblacional con 5.700 habitantes por año.

Pero la consecuencia más directa se vio entre 1990 y el año 2000 cuando la Provincia alcanzó un crecimiento de 7.500 habitantes por año y se produjo una explosión poblacional, cuando el régimen de Promoción económica consiguió su primera prórroga y también se anexaron otros incentivo fiscales a los emprendimientos agropecuarios y turísticos.

Sin embargo, hace dos años el Gobierno local realizó un Censo provincial que mostró algunos indicadores preocupantes puesto que el crecimiento poblacional volvió a estas por debajo del crecimiento vegetativo lo que implica que la provincia retomó la dinámica de expulsar población.

Ese contexto de se registró un crecimiento de apenas 1.700 habitantes por año, se vinculó con un momento especial de las industrias que estaban comenzando a enfrentar la crisis financiera internacional, pero también reflejaron un escenario de incertidumbre frente a la proximidad de vencimientos de beneficios, (la mayoría expiraba a partir del 2011), pero además el Gobierno Nacional mantenía cierta cautela en anunciar una nueva prórroga para la Región, cuando ya había tenido ese gesto con otra provincia como Tierra del Fuego.

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Estos fueron los datos que esgrimió el Gobierno local cuando retomó con fuerza el reclamo ante la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en torno a la necesidad de continuar con la Promoción.

Hoy el panorama está enturbiado por el conflicto judicial que planteó la provincia de Mendoza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por que teme verse perjudicada por el Decreto 699 que la mandataria firmó el 20 de mayo pasado.

Si bien hay señales de diálogo y de acercamiento de los gobernadores que prometen un escenario menos dilatado y más benévolo, como el reconocimiento del gobernador Celso Jaque y parte de su equipo de que entre las cuatro provincias beneficiadas, La Rioja es la más necesitada en sostener los beneficios, seguida por Catamarca.

Sin embargo, subsisten necias oposiciones en la provincia cuyana que no dejan de hacer ruido en la busca de un consenso.

Con datos de estadísticas oficiales y privadas puede decirse que la provincia de Mendoza, ha registrado un crecimiento económico sostenido en las últimas décadas, y que ese empuje no se frenó como consecuencia de los beneficios fiscales que imperan en sus vecinas, las que también como ella, sufrieron las consecuencias de las distintas crisis económicas que se registraron en el País.

Pero esta no es la primera ofensiva contra la Promoción. Ya a principio de este siglo la Nación le canjeó en una suerte de indemnización económica por supuesto daños en su economía, un paquete de obras públicas que supera los 3 mil millones de pesos.

La base de los reclamos es un estudio del Consejo Empresario Mendocino, que en 1999 estimó en más de 14 mil millones de pesos-dólares, los perjuicios de Mandoza por la Promoción. El insólito monto representa el 23 por ciento de la deuda externa argentina.