La contienda que llegó a la Corte - y que el máximo tribunal tomará como caso testigo para futuras decisiones – fue presentado por la empresa Orbis, que tiene una planta industrial en la localidad de Fraga.

El contador Hugo Zudaire, especialista en promoción industrial, explicó que el conflicto surge a raíz de la desactualización de los “contratos promocionales”, es decir, de los valores de los bonos que se fijan al momento de comenzar a funcionar bajo el régimen, cuya vigencia es de 15 años.

Al tener un monto de beneficios fijo, a cambio de una cantidad de producción y la generación de puestos de trabajo determinados al momento de iniciar las actividades, se produce un desfasaje entre los valores de los bonos y los costos de la empresa.

“La materia prima que hace quince años alcanzaba el bono de beneficios fiscales, hoy se multiplicó por diez” indicó Zudaire. Por lo que los costos se elevan, pero los beneficios se mantienen fijos, al igual que las obligaciones de las empresas, de manera que no puede reducir sus gastos.

De todos modos, la Procuración General de la Nación se pronunció en contra de la actualización de los valores. Incluso, tres ministros de la Corte, votaron en el mismo sentido.