El gobierno K, a través de la AFIP, les reclama ante la Justicia Federal una diferencia en el valor de los bonos de crédito fiscal que las diversas firmas promocionadas cobraron durante la vigencia del régimen. La deuda llegaría a los 1.000 millones de pesos. En ese marco, la Cámara Federal pasó a un cuarto intermedio hasta el año próximo.
“Fue un éxito total”, graficó el diputado nacional Jorge Yoma quien motorizó el reclamo riojano, e indicó que las dos Salas que conforman la Cámara Federal de Córdoba, decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el año entrante en las causas judiciales que involucran a las fábricas radicadas aquí al amparo de la Promoción Industrial.
El diputado Yoma calificó de “muy buena” la decisión de la Justicia de alzada cordobesa quien debe resolver si, como reclama la AFIP, una veintena de empresas radicadas deben devolver al fisco los bonos de crédito fiscal cobrados a valor dólar tras la devaluación y la salida de la convertibilidad.
Esas empresas, habían logrado fallos favorables de la Justicia federal de primera instancia, con asiento en las provincias promocionadas, pero la AFIP apeló y dio vuelta la situación. “Ahora veremos qué sucede porque todo quedará para la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sentenció Yoma.
De acuerdo con lo informado, el viernes último, la Cámara Federal de Córdoba decidió extender un cuarto intermedio hasta el 15 de marzo de 2013 para distintas causas en las que hay cuatro fábricas involucradas y hasta el 15 de febrero en las restantes.
El legislador precisó que en la práctica, lo que aguarda la Cámara Federal es que la Corte Suprema decida sobre el caso testigo que ya tiene bajo su competencia y que corresponde a una fábrica puntana.
Cabe acotar que el 20 del corriente vence el plazo dado por la Corte para que el Ministerio de Economía, la AFIP, los gobiernos provinciales y las empresas traten de llegar a un entendimiento.
Pero como no han existido avances ni negociaciones, es probable que el máximo órgano judicial también dilate cualquier decisión hasta el año que viene; tal vez, estirando el plazo por dos meses más, lo que llevaría todo a marzo por la feria judicial de enero que interrumpe los plazos procesales.
Junto a Yoma estuvieron en las audiencias en Córdoba, el fiscal de Estado, Gastón Mercado Luna, y el secretario de Industria, Miguel De Gaetano.

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