El gobierno K, a través de la AFIP, les reclama ante la Justicia Federal una diferencia en el valor de los bonos de crédito fiscal que cobraron durante la vigencia del régimen. La deuda llegaría a los 1.000 millones de pesos.
El próximo 12 de octubre la Unión de Industrias Riojanas (UNIR) espera concretar un avance en las negociaciones por la situación de los bonos fiscales que le reclama la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación.
En ese marco, la prensa consultó al vicepresidente de UNIR, José Brizuela, quien confirmó las expectativas de la entidad que nuclea a los industriales por la audiencia que se concretará ante la Cámara Federal de Córdoba, y al mismo tiempo calificó de “imprescindible” el encuentro que se realizará dentro de diez días.
“Para nosotros es imprescindible esa audiencia, porque vamos a pedir un impasse de la AFIP en el proceso judicial que se inició”, comentó el empresario ante la consulta periodística concretada este lunes.
Brizuela destacó que “es necesaria esa audiencia para evitar que la AFIP siga avanzando” en las diferentes acciones judiciales que vienen concretando.
Estrategia
El objetivo de los industriales y del Gobierno provincial es lograr que la Cámara Federal de Córdoba postergue cualquier decisión hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa principal.
“Nosotros queremos lograr un impasse, que la Cámara determine que no va a resolver hasta que se resuelva el tema en la Corte Suprema de Justicia”, confirmó Brizuela.
El Gobierno provincial es parte de la causa porque se presentó como “tercero interesado”, aduciendo que cualquier determinación que se tome con las empresas afectará a los habitantes riojanos de manera social y económica.
En ese marco, se presentaron ante la Cámara Federal de Córdoba y con el mismo modelo jurídico ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Los plazos que planteó la Corte Suprema de Justicia vencen en los últimos días de noviembre, entonces estamos planteándole a la Cámara Federal un impasse hasta que se resuelva esta situación”, agregó Brizuela, quien detalló que las empresas todavía no fueron notificadas que deben estar presentes en la audiencia a desarrollarse en la ciudad mediterránea.
El reclamo de la AFIP es por 1000 millones de pesos, tomando en cuenta que las empresas pagaron menos impuestos considerando la devaluación de la moneda que se concretó en el año 2002, y que determinó una modificación en el valor real de los impuestos que se debían pagar en relación a su valor nominal.
Recientemente, la prensa local dio cuenta del mesurado optimismo oficial respecto de la reunión que se mantendrá ante la Cámara Federal cordobesa, que tiene la misma estrategia de demorar una resolución hasta tanto se expida la Corte.
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