El rechazo se basa en que el objeto de la cautelar coincide con el planteo de fondo: la no aplicación del decreto 699/10 del Poder Ejecutivo Nacional.

En un solo día, la Corte Suprema resolvió los dos planteos que tenía en relación a la aplicación del decreto 699/2010 del Ejecutivo Nacional. Con estas negativas, el órgano allanó el camino para que el decreto entre en vigencia. Mientras, los jueces superiores deben analizar y resolver el planteo de fondo: que el decreto 699 viola la Constitución Nacional porque afecta la masa de recursos coparticipables que se distribuye entre las provincias argentinas.

Al fundar su decisión, la Corte expresó que "el objeto de la demanda se refiere a la declaración de inconstitucionalidad del decreto del Poder Ejecutivo Nacional 699/2010, y la cautelar innovativa solicitada a la suspensión de la aplicación de ese precepto". Esto significa "el hecho indiscutible (...) de la coincidencia del objeto de la demanda y de la cautelar", lo que lleva a que "el dictado de esta última tendría los mismos efectos que la sentencia definitiva". Por ello, sostuvo la Corte, "corresponde concluir en su improcedencia".

En septiembre de 2010, el fiscal de Estado de La Pampa, José Alejandro Vanini presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una "acción declarativa de certeza" contra el Estado Nacional a fin de obtener "la declaración de inconstitucionalidad del decreto del Poder Ejecutivo Nacional 699/2010", según recordó la Corte en la resolución del martes. Junto con esa acción, La Pampa solicitó una "medida cautelar consistente en que se ordene al Estado Nacional se abstenga de continuar con la instrumentación y/o otorgamiento de nuevos cupos de la medida dispuesta por el citado decreto hasta tanto recaiga sentencia definitiva".

Con la resolución del martes, el planteo de fondo sigue en marcha y en un tiempo no muy extenso deberá tener también, una respuesta definitiva.

Rueditas.

Si bien La Pampa fundamentó sus objeciones al decreto 699 en su supuesta inconstitucionalidad, el real motivo de la acción judicial estuvo en el malestar que causó esta nueva discriminación del gobierno nacional, que favoreció a unas pocas provincias argentinas con privilegios impositivos que, como ya ocurrió, atraen a gran cantidad de empresas que se encontraban radicadas en otras jurisdicciones.

Este argumento fue el denominador común de los planteos mendocinos y pampeanos y dio lugar al calificativo de "fábricas con rueditas" para caracterizar a estas empresas nómades. Firmas lácteas, metalmecánicas y procesadoras de alimentos, fueron las que mostraron más movilidad entre provincias.

Tras el rechazo a las cautelares, los gobernadores de la cuatro provincias beneficiadas se reunieron ayer en La Rioja para hablar sobre la implementación de estos beneficios impositivos. El lanzamiento del Instituto Nacional de Olivicultura, en la capital riojana, fue el elemento convocante de los mandatarios "promocionados" y de funcionarios nacionales como el ministro de Agricultura, Norberto Yahuar. Allí también estuvo el gobernador de Mendoza, Francisco "Paco" Pérez, que viajó a La Rioja para acercar posiciones con sus colegas e intentar convencerlos -según los diarios mendocinos- de impulsar un nuevo decreto que incluya también a su provincia.

Silencio del fiscal de Estado

El fiscal de Estado de la provincia, José Alejandro Vanini, prefirió ayer esconderse detrás del silencio antes que informar sobre el rechazo a la medida cautelar contra el decreto 699/2010. El funcionario encontró una excusa tras otra para no atender los numerosos intentos periodísticos de hablar con él. La única respuesta que se pudo encontrar provino de un funcionario de otra área que, al igual que el martes por la tarde, informó que la provincia no ha sido notificada -por lo menos hasta ayer al mediodía- de la resolución tomada por la Corte.

Aún cuando la notificación oficial no llegó, el rechazo es de público conocimiento ya que durante casi toda la jornada de ayer, encabezó la páginas de "Novedades" del sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (www.csjn.gov.ar).

Muy poco de su tiempo le hubiera costado al fiscal atender la requisitoria periodística y dar alguna explicación oficial ante un tema de semejante trascendencia -política, económica y jurídica- para la provincia.