En esta primera semana del año, funcionarios de primer nivel del Gobierno provincial y el diputado nacional Jorge Yoma encabezarán las gestiones que se desarrollarán ante el máximo organismo de Justicia del país.

El objetivo es tomar contacto de manera informal con algunos de los miembros de la Corte Suprema y adelantarles la preocupación de la Provincia por la situación de incertidumbre que se está generando.

En los contactos con los miembros del máximo organismo judicial será fundamental la tarea del diputado nacional Yoma, quien ya habría establecido un primer acercamiento en la semana que pasó antes del cierre del año 2011.

Instancias

Existen dos instancias judiciales relacionadas con la Corte Suprema de Justicia.

La primera es por el decreto presidencial 699/10 que se firmó el 20 de mayo del año 2010.

Por una presentación de la Fiscalía de Estado de la Provincia, se le pidió a la Corte Suprema que determine una declinatoria federal, lo que provocó que todas las causas que existen sobre la vigencia de este decreto presidencial sean giradas a la Corte y ahora será ella la que deberá determinar sobre el fondo de la cuestión.

La otra instancia judicial corresponde a los bonos fiscales y también espera una respuesta por parte de la Corte.

Los bonos fiscales son el mecanismo -que determina el régimen de Promoción industrial- que se debe usar para poder gozar de los beneficios de no pagar ciertos impuestos por parte de las empresas que cuentan con el régimen impositivo, especialmente ganancias y el IVA.

El problema se originó en que luego de la devaluación del año 2002, los bonos quedaron desactualizados y fueron reactualizados por medidas judiciales de diferentes juzgados federales.

Sin embargo, una sala de la Cámara Federal de Córdoba determinó que esas actualizaciones no están vigentes y ahora la AFIP reclama que le devuelvan 1000 millones de pesos.

Tal como adelantó NUEVA RIOJA la semana pasada, en el ambiente empresario se especula que en caso de aplicarse este reclamo la mayoría de los emprendimientos industriales quebrarían.

El Estado provincial se presentó hace dos semanas ante la Corte Suprema y reclamó ser un tercero afectado en la causa Orbis, que es la primera presentada ante el organismo judicial y que tiene su origen en una empresa de San Luis.

En el Gobierno riojano creen que esta segunda causa es más importante que la relativa al decreto presidencial 699/10.

“Las empresas hace 30 años que están instaladas, si no tienen promoción van a poder seguir existiendo, porque ya están instaladas. Pero en el caso de la AFIP les reclaman 1000 millones de pesos, si los tienen que poner directamente se van a la quiera. Nos preocupa mucho más lo de los bonos fiscales que el tema del decreto”, dijo uno de los principales funcionarios del Gobierno riojano.