La novela por la promoción industrial sigue dando qué hablar y en un nuevo capítulo, el fiscal de Estado, Joaquín de Rosas está al borde del jury y una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La respuesta del fiscal, al pedido de informes que emanó de la Cámara Alta la semana pasada, no convenció a la oposición y especialmente al radicalismo. El fiscal argumentó que existía un "proyecto de decreto" que era ampliatorio del 699 y que beneficiaba a la provincia, por lo tanto avaló el desistimiento de la demanda ante Corte.

A raíz de ese escrito, el senador Armando Camerucci, jefe del bloque radical, lo intimó por carta documento a que "en el término perentorio e improrrogable" de 24 horas, remita copia del proyecto de decreto que "obró como antecedente de tan trascendente decisión". La misiva también está dirigida al gobernador Celso Jaque y al asesor de Gobierno César Mosso Giannini.

Si bien, la ofensiva del radical es por iniciativa propia, "cuenta con el apoyo mayoritario del bloque", aclaró Cesar Biffi, legislador y presidente del radicalismo mendocino.

Según consta en la carta documento, si la contestación no se produce en el plazo establecido o se comprueba que la decisión adoptada no se realizó "en el adecuado marco de seguridad jurídica que garantice los intereses y el patrimonio de la Provincia y de sus habitantes", el legislador se reserva el derecho a activar los procesos constitucionales correspondientes, es decir el pedido de jury, "para hacer efectiva la responsabilidad que pudiera corresponder", como así también, la presentación en la justicia penal de una denuncia "por incumplimiento de los deberes de funcionario público".

La gota que colmó el vaso en la oposición se produjo el lunes. En reunión de Labor Parlamentaria, los distintos jefes de bloque se hicieron de la nota que remitió De Rosas (una fotocopia de una misiva enviada al gobernador Jaque en su momento) donde se da a conocer que la provincia desistió de todo derecho al reclamo judicial, sin mayores explicaciones que la existencia de un borrador de decreto.

"Analizado el proyecto de decreto, que en copia se agrega a este dictamen, el que es ampliatorio del decreto 699/10 y habiendo realizado el control de legalidad, no hay observaciones que realizar al mismo, en razón de que se protegen los intereses de Mendoza y el de sus habitantes". Así, De Rosas, deja constancia que, "de suscribirse el proyecto antes referido o uno similar..., el suscripto no tiene inconvenientes en presentar el escrito de desistimiento".

El 14 de setiembre con la firma del fiscal de Estado y el Asesor de Gobierno, se presentó a la Corte el desistimiento del proceso, que fue aceptado una semana más tarde. En tanto, el 22 de ese mes, ambos funcionarios sellaron el destino de cualquier acción legal a futuro, al desistir formalmente "del derecho" atento a "haberse logrado la autocomposición del conflicto""

"Desistieron de la demanda en función de un borrador, no de un instrumento legal. Por más que aparezca el decreto, y no aparece, nada borra esta barbaridad", sentenció Camerucci.

El vicegobernador Cristian Racconto sostuvo que "una vez que se conozca el decreto, cosa que no se conoce, se puede emitir una opinión sobre si ha cumplido o no (el fiscal de Estado) con el mandato de proteger los intereses de la provincia".

En el mismo sentido opinó Carlo Aguinaga, jefe del bloque demócrata en el senado, quien pidió "prudencia" hasta "que aparezca el decreto". De todas maneras, el legislador ganso advirtió: "la prudencia tiene un tiempo, un margen de tolerancia".

Por enésima vez, Biffi, dijo que el proceder del Gobierno en este tema "es una vergüenza" y confirmó que en el bloque radical "se está pensado en el jury".