Finalmente se hizo la esperada Asamblea Legislativa para debatir acerca de la promoción industrial. Pero la promesa de acusaciones mutuas entre partidos y mucha verborragia corrosiva quedó trunca. Todos los bloques se mostraron civilizados y moderados en sus apreciaciones.

Todo acordado de antemano, se limitaron a aprobar una resolución para presentar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que adhieren a la presentación realizada por la Cámara de Comercio de San Rafael.

Lo aprobado por la Legislatura no conformó a todos, particularmente a los diputados Raúl Vicchi (UCR) y Ricardo Puga (PIM), quienes no levantaron la mano para la sanción. El texto declara la adhesión de toda la Legislatura a las acciones desplegadas por la asociación empresaria del Sur mendocino; y solicita a la Corte que, "en el ámbito de su competencia, facultades y prerrogativas, convoque a una audiencia de conciliación entre las partes, y analice la posibilidad de invitar a autoridades del Gobierno de Mendoza".

Una Asamblea Legislativa es un instituto creado por la Constitución Provincial que convoca a senadores y diputados, todos al mismo tiempo. Este cónclave se reúne en situaciones excepcionales, entre las que se cuenta la jura del gobernador y vice, el acto de inicio de las sesiones ordinarias que ocurre todos los primero de mayo y, como en este caso, convocada por ley para tratar un tema muy importante. El tema de la jornada era la promoción industrial.

Después de muchas idas y venidas, a principios de agosto se sancionó la ley que la convocaba y ayer, por fin, estaba todo dispuesto para que los legisladores se juntaran a debatir sobre la gran sombra del horizonte económico de Mendoza.

Antes de la asamblea, agrupaciones sociales filokirchneristas, entre las que se contaba el MUP, Encuentro Nacional y Latinoamericano y La Cámpora, hicieron sentir su presencia en la puerta de la Legislatura, para demostrar que el oficialismo no estaba solo en un debate que, supuestamente, sería sangriento. La Peatonal se pobló de jóvenes que presentaron sus ideas acerca de la promoción industrial e hicieron hablar a algunos legisladores del PJ.

Todo parecía preparado para una guerra discursiva, salvo por el ánimo relajado de los que serían protagonistas del cónclave. Con casi tres horas de retraso, los legisladores de ambas cámaras se sentaron en sus bancas y daban inicio a la esperada asamblea.

Pero ya estaba acordado que hablaría un vocero por cada partido con representación parlamentaria y todos en tono institucional mostraron su aval a lo que están haciendo los empresarios sanrafaelinos para proteger a Mendoza de los efectos del decreto 699 que la presidenta Cristina Fernández firmara el año pasado y que extendiera los diferimientos impositivos en las provincias vecinas por 15 años más.

A pesar de la concordia reinante, la resolución no fue aprobada por unanimidad. Por un lado, el radical Vicchi quien dijo estar de acuerdo con lo aprobado, pero que entendía que debía irse un poco más allá y ratificar la posición histórica de la provincia respecto del "beneficio" que perjudica a Mendoza; notificar a todos los involucrados, incluida la Presidencia de la Nación y rescatar la Ley de Promoción Zocchi-Bordón (que nunca se aplicó).

Por el otro, Puga, quien pretendía dejar claro un cambio de eje: evitar la confrontación con las provincias vecinas y darle vuelo a la alternativa política para implementar una promoción que no deje afuera a Mendoza. Además, pretendía incluir un artículo por el que una comitiva de legisladores pidiesen una audiencia con la Presidenta o con autoridades del Ministerio de Economía.

A pesar de estas bajas a la hora de votar, el hecho es que una amplia mayoría avaló la redacción y la convivencia. "Nos íbamos a matar y todo terminaría en un juego de suma cero. Nadie ganaría nada", dijo el senador Juan Carlos Jaliff.