Mientras la discusión política e institucional por la Promoción industrial gira alrededor del decreto 699/10, por medio del cual Cristina Kirchner prorrogó los beneficios para las cuatro provincias incluidas en el régimen (La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan), el contador Raúl Macaroff, especialista en el tema, advirtió que el instrumento es una salida coyuntural, con un horizonte de dos años, y no ofrece una solución de fondo al problema que se sucitará cuando comiencen a caerse los cupos fiscales, a fin de 2011.

Es que la importancia de la Promoción a esta altura no pasa tanto por los beneficios impositivos que reciben las empresas -son reducidos luego de 15 años de vigencia- sino por la obligación "contractual" que tienen de mantener la planta de personal y cumplir metas de inversión y producción. Terminado el plazo, y sin ningún tipo de compromiso legal, comenzará a actuar lo que denominan "principio de realismo empresario", es decir, que de acuerdo al estado de las fábricas, sus titulares podrían tomar medidas como la reducción de puestos laborales o, en el caso más extremo, el abandono de los proyectos y la relocalización en otros distritos que ofrezcan mejores condiciones.

"El régimen establece porcentajes de exención que van siendo menores, hasta terminar en el último año con valores insignificantes. Pero terminado el contrato, las empresas podrían reducir personal al mínimo o directamente irse de la provincia", dijo.

Para Macaroff, el plazo de dos años que establece el decreto -si es que queda firme- da tiempo para analizar un nuevo esquema que atienda la falta de desarrollo que aún evidencia la industria catamarqueña. En este marco, dijo que una de las salidas sería recuperar los remanentes que no se usaron en los primeros años de la Promoción. La otra, podría ser que las provincias que tienen actividad minera reclamen a la Nación que parte de la renta fiscal de la actividad, vaya a apoyar la producción fabril.

El especialista observó que el decreto 699 atiende la emergencia laboral, porque subsidia el empleo, pero no sirve para la instalación permanente de empresas. "Cuando se trató de dar otros 15 años, es cuando surgió el reclamo de las otras provincias", señaló.

Otro punto que Catamarca debe atender, opinó el profesional, es la brecha de desarrollo que atenta contra la radicación de fábricas, como la infraestructura de servicios, principalmente la luz, el transporte y la integración.

HITOS DEL RÉGIMEN

 En 1979 se dictó la Ley 22.021 para La Rioja, que dio marco legal a la promoción.

 En 1982 se incluyó a Catamarca y San Luis. Se contemplaron beneficios fiscales para las industrias por 15 años. En 1984 se incorporó San Juan.

 En su momento de apogeo, en Catamarca hubo más de 100 empresas radicadas.

 El régimen duró 6 años. En 1989 se suspendió. En 1997 se aprobó la reasignación de cupos y nuevos proyectos que vencen en 2011-2012.

 En 2010 se dictó el decreto 699 que extiende los beneficios. En Catamarca quedan 30 empresas que emplean a 7.000 personas. El costo fiscal desde el '83 es de unos $1.800 millones.