En contraposición, el viernes pasado integrantes del Movimiento Familias Mineras Andalgalenses solicitaron a la fiscal que haga cumplir la intimación que cursó a los antimineros para que levanten los bloqueos selectivos que mantienen desde febrero de 2010, con el objeto de impedir el acceso al yacimiento de Agua Rica.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Proveedores Mineros, Daniel Brizuela, aseguró que al igual que los promineros que respetaron el dictamen de la justicia, las personas que mantienen lo bloqueos deberían desistir de su actitud.

Brizuela cuestionó el accionar de los ambientalistas, y aseguró que solo se trata de un grupo de 50 personas que no están dispuestas al diálogo. "Agua Rica es una realidad, les guste o no, el hecho de que no permitan que los camiones circulen hacia el yacimiento no significa que no se vaya avanzar con la producción minera", indicó.

Por otra parte, consideró que el Gobierno tiene que empezar a trabajar para revertir 15 años de olvido e inacción. "Las autoridades, desde el gobierno de Castillo a la fecha, no bajaron los recursos mineros que son de Andalgalá", señaló. Y sostuvo que la culpa no la tienen las empresas mineras sino "los funcionarios que no supieron distribuir los fondos en beneficio de la provincia", concluyó.