Esa cantidad se aleja de los 147 cargos propuestos originalmente por el Frente para la Victoria, que justificó el incremento de las remuneraciones en la existencia de un plantel acotado de funcionarios.

No obstante, el número es inferior a los 375 colaboradores que tenía Miguel Saiz en la última parte de su gestión. Ambos análisis excluyen las designaciones en las empresas del Estado.

El argumento oficialista mutó con el andar gubernamental. "El propósito está en mantener el monto de la masa con mejores salarios", explicó un miembro del gabinete cuando ya se superaba el número prometido por Carlos Soria. Esa aclaración ya tampoco vale. Esta partida alcanzó los 5 millones mensuales, superando a su equivalente del año anterior.

"Río Negro" contabilizó entre 252 y 255 funcionarios nombrados, porque en abril se abonaron 230 haberes de cargos jerárquicos (según registros de Anses), pero luego se sumaron más de veinte, considerando también las renuncias formalizadas. El listado extraoficial consigna a nueve ministros (con la Secretaría General), 26 secretarios, 46 subsecretarios, 132 directores y 40 subdirectores. Esto revela que no se alcanzó el propósito inicial de suprimir la figura del director general para la contención de las designaciones.

Producción y Gobierno se disputan el liderazgo de funcionarios, con 28 y 27 nombramientos. La cartera de Desarrollo Social llega a 25, mientras que Trabajo -antes en la órbita de Gobierno- registra 10 autoridades, mayormente delegados. La Secretaria General concentra otra veintena. Unificadas el año pasado en Hacienda, Economía registra actualmente 17 cargos y Obras Públicas llega a 15 nombramientos. Algo más registra Educación y Salud llega a la docena de funcionarios. El resto se distribuyen en las distintas carteras.

A pesar de esas cifras, los números de cada organismo se mantienen por debajo de la cantidad del año anterior. El desequilibrio salarial se advierte a partir de los aumentos fijados a partir del 2012, que establecieron para un ministro un haber bruto de $ 41.200 brutos. Se trata de $ 35.000 a $ 37.000 netos, pero a eso debe sumarse el costo de teléfono, vivienda y movilidad que cubre el Estado. Antes esa remuneración era de $ 12.000, aunque también es cierto que subsistían los "sobresueldos" que hoy investiga la Justicia.

La escala se completa con una asignación de más de $ 31.000 para un secretario, un subsecretario supera los $ 24.000, un director casi $ 17.000 y un subdirector llega a los $ 10.500.