"Es vergonzoso, son falencias graves". De esa forma agentes policiales locales -que por razones obvias prefirieron no revelar su identidad- comenzaron a desentrañar ante EL POPULAR la situación que se vive día a día puertas adentro de las comisarías de la ciudad, donde desde hace ya unos meses se ha prohibido la utilización de los calabozos de cualquiera de las dependencias del partido de Olavarría. Por esa razón los detenidos tienen que ser trasladados a distintas unidades de la zona, complicando de sobremanera las actuaciones judiciales con los consecutivos viajes. A la par, los aprehendidos cumplen su retención en la cocina u oficinas, afectando el transcurrir diario de las seccionales. La situación se agrava con el paso del tiempo y con la demora en la construcción de la tan prometida alcaidía, iniciativa que está pronta a cumplir dos años.

A finales de agosto de 2010 el intendente José Eseverri anunció que remitiría al ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal un documento solicitando la construcción de una alcaidía destinada al alojamiento de "contraventores, aprehendidos y detenidos sin autos de prisión preventiva", según se habría expresado en la solicitud.

Según se informó por aquel entonces, el 25 de agosto de ese año se efectivizó la entrega del documento, en el que se habría explicitado el interés de crear un establecimiento que tenga entre 50 y 60 lugares, estimación que se habría desprendido a partir de los datos manejados por el Juzgado de Garantías local, del doctor Carlos Villamarín.

La propuesta se enmarcaba en el planteo del propio Casal de generar ese tipo de sedes según lo expuesto en el Congreso Internacional de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal. Esas dependencias sirven para la concentración de los contraventores, aprehendidos y detenidos sin prisión preventiva en una misma estructura, lo cual también se traduce en una merma tanto en gastos materiales como en la cantidad de personal necesario. La iniciativa propuesta desde el Gobierno Municipal siempre pretendió que sea emplazada en terrenos del Servicio Penitenciario, en la localidad de Sierra Chica.

Sin embargo, nada de ello prosperó más allá de distintas menciones en declaraciones propinadas por fuentes oficiales desde ese entonces hasta la fecha. Inclusive, pocos días después del anuncio del envío del documento Eseverri se reunió con Casal junto a otros intendentes pero la solicitud no fue profundizada, en momentos que se exponía el programa denominado "Casas por Cárceles", por el cual se pretendía la creación de dos alcaidías en la provincia de Buenos Aires.

Aun a pesar de que se trata de un proyecto pensado para las cabeceras departamentales -en el caso de Olavarría se depende de la Jefatura Departamental de Azul- el Intendente había expresado que "el número de detenidos que hay en Olavarría lo justificaría".

En contrapartida, distintas posturas se fueron tomando respecto de los calabozos emplazados en las distintas comisarías de la ciudad. En primera instancia, en los días previos a que se conociera el documento enviado al Ministerio de Seguridad provincial, trascendía una disposición efectuada por la jueza de Ejecución Penal de Azul, Adriana Bianco, que permitía modificar los calabozos de la Comisaría Primera, debido que sobre los mismos recaía una medida de no innovar aplicada por la Justicia Federal, en el marco de las investigaciones sobre centros clandestinos de detención de personas durante la última dictadura.

Meses atrás, más precisamente a inicios de mayo, el propio juez federal Juan José Comparato había realizado una inspección ocular de los calabozos y la sede policial. Sin embargo, pese a haberse levantado la resolución los calabozos no volvieron a ser utilizados de forma muy asidua, dado las propias reformas o las dimensiones de la dependencia.

Sin embargo, ya más cercano en el tiempo, se dictaron dos medidas que terminaron por clausurar todos los calabozos del partido de Olavarría. Inclusive, consultado en la Jefatura Distrital policial local se manifestó que en todo el distrito no hay lugares para alojar personas.

En primera instancia, el 31 de mayo del año pasado el propio Ricardo Casal dispuso mediante una resolución N° 2109/11 el cierre definitivo 90 calabozos ubicados en comisarías del territorio bonaerense. En el ámbito de la Jefatura Departamental la medida incluyó las comisarías de Cacharí y de la subcomisaría de Loma Negra.

La medida adoptada apunta a mejorar las condiciones de detención, seguir reasignando recursos policiales para tareas de prevención y reafectar los espacios edilicios a destinos útiles para cada comisaría que posibiliten una mejor atención al ciudadano. Asimismo, se pretendía alojar a los reclusos en las alcaidías creadas por el mencionado programa "casas por cárceles".

A la par -y utilizando como fundamento los mismos principios- sólo unos meses después, más precisamente el 22 de septiembre, se difundió la resolución N° 3340/11 de cerrar definitivamente todos los calabozos de las 49 comisarías de la provincia de Buenos Aires, incluyendo en ese espectro a la comisaría Primera de nuestra ciudad. La comisaría Segunda, por su parte, nunca ha tenido calabozos, sólo un espacio que era utilizado para alojar a contraventores.