El Palacio Judicial de San Martín se construye desde hace cinco años en la zona norte de esa ciudad y cuando finalmente sea inaugurado (debió estar listo a mediados de 2009), tendrá un impacto mayúsculo en la tarea de administrar Justicia en toda la zona Este, ya que allí se concentrarán los tribunales y sus dependencias administrativas, que hoy están repartidos en casi una veintena de propiedades alquiladas.

Aunque la construcción del edificio comenzó a mediados de 2007, recién se está alcanzando 80% de la obra y si bien hubo en los comienzos algún problema con la consolidación de los suelos, asunto que retrasó el ritmo inicial de avance, el gran problema en todo este tiempo ha sido la falta de plata en el Gobierno para costear los trabajos proyectados, y es por eso que la obra ha ido a paso de tortuga, casi desde el comienzo.

Según el pliego original de la licitación, la obra iba a costar $ 29.136.941 (la constructora es Ceosa) y debía estar lista en 25 meses, es decir en julio de 2009, pero nada de eso ocurrió y hoy recién se trabaja en los pisos y en la colocación de los vidrios.

Así, la inauguración del Palacio Judicial se pospuso en varias oportunidades y la última fecha que dio el Ministerio de Infraestructura fue mayo de 2012, pero también ese plazo se venció y ahora el Gobierno asegura que de octubre, el corte de cintas no pasa.

De todos modos, en el Poder Judicial son cautos con las fechas, por aquello de que quien se quema con leche ve una vaca y llora, y se conforman con que el edificio abra sus puertas antes de enero.

"Por afuera usted lo ve bastante completo, con los vidrios puestos y todo, pero adentro todavía nos falta mucho", confió uno de los albañiles a Los Andes.

Grandes dimensiones

El proyecto final del Palacio Judicial es un verdadero coloso en forma de U, que cubre 4.800 metros cuadrados repartidos en cuatro pisos, del que en esta primera etapa sólo se construye la mitad. Nadie, ni en el Poder Judicial ni en el Ministerio de Infraestructura, sabe cuándo se realizará la segunda etapa.

"Por ahora eso es un sueño; imagínese que después de tantos años, apenas si estamos por conseguir que acaben la primera etapa, pensar en la segunda parte no tiene demasiado sentido y menos en épocas de vacas flacas como las que están llegando", comentó un juez.

En esta primera etapa y según la información que maneja la delegación en la zona Este de la Corte, se mudarán al Palacio Judicial toda la Justicia Penal, que ocupará uno de los pisos del edificio; la Civil y la Laboral, que se repartirán en otro; y la de Familia, que estará en un tercer piso.

En el subsuelo se ubicarán los calabozos, la alcaidía y la guardia policial; habrá tres salas de debate (una de ellas más grande y con posibilidad de dividirse por la mitad) que estarán en el primer piso, una zona del edificio que tendrá comunicación directa con los calabozos a través de un ascensor, con la idea de que los detenidos hagan el menor recorrido posible.

"Los debates de los distintos fueros se van a organizar por agenda y así, las mismas salas serán usadas por los distintos fueros, según la necesidad", explicó el delegado de la Corte, Salvador Arnal.

El presupuesto oficial de la obra ya supera los $ 37 millones y la fecha de construcción de las alas que completan el edificio son por ahora una incógnita.

De esta manera, y hasta que no se construya la segunda etapa, van a quedar afuera de la mudanza la Justicia Penal de Menores, los juzgados de Faltas, la Defensoría de Pobres, los juzgados Tributarios, las unidades fiscales, la biblioteca y el Cuerpo Médico Forense.

Un gran cambio

En 2007 Julio Cobos era gobernador de Mendoza y Jorge Nanclares, presidente de la Corte; cuando se dieron por iniciados los trabajos, Nanclares explicó que el nuevo edificio "cambiará el concepto para impartir justicia, que establece un despacho para el juez, una secretaría y una mesa de entrada. La idea ahora es que los trabajos que sean comunes se realicen con secretarías compartidas y que haya mesas de entrada y sistemas informáticos que también sean compartidos. En definitiva, que nadie se sienta dueño del juzgado".

Hoy, el Gobierno asegura que falta poco para inaugurar la obra. Mientras tanto, a la Justicia de la zona Este no le queda otra opción que salir a alquilar viviendas y adaptarlas como se pueda.

Así, los juzgados y sus dependencias están desparramados en 17 casas y locales que alquila el Poder Judicial. Un gasto enorme que el Estado ahorrará cuando finalmente abra las puertas del Palacio Judicial.