El ministro de Seguridad, Alejo Paredes, aseguró que el la división de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía estará enfocada en combatir los quioscos que venden droga, no en los tenedores de droga para consumo personal. Por eso, sólo los integrantes de este grupo, unos 400 efectivos, estarán afectados a los operativos. De esta forma, no se modificará el criterio actual: el grueso de los efectivos no podrá realizar operativos, y se deberá convocar a “los de Drogas” si se detectan estupefacientes en un control realizado por la CAP o la Caminera.

De acuerdo con el cálculo de Paredes, desde el 1º de diciembre –cuando la ley provincial contra el narcotráfico entre en vigencia– la Policía estaría en condiciones de realizar unos 30 allanamientos por semana contra vendedores minoristas de droga. “Notamos que si sólo nos enfocamos en los distribuidores más grandes, los quioscos cambian rápidamente de proveedor. Por eso apuntamos ahí. La Justicia Federal se encargará de los narcotraficantes de mayor escala”, dijo Paredes.

También relativizó la “discrecionalidad” que tendrán los efectivos en los procedimientos. La nueva ley fomenta las requisas de vehículos ante la “sospecha” de los uniformados. El artículo de la ley apunta, sin decirlo, a una mayor participación de la Caminera en el control de narcóticos.

Además, señaló que “en la medida de las posibilidades” se tratará de que sean civiles quienes participen como testigos de los operativos, aunque advirtió que eso no es posible siempre por la peligrosidad que encierra.

Descartó que la Policía vaya a actuar sin orden de allanamiento para ingresar en una vivienda, “salvo o el delito en flagrancia o cuando se trate de una persecución”.

Consumidores. El funcionario también reiteró que los tenedores para consumo personal serán detenidos si son detectados por la Policía, y derivados a la Justicia provincial para que resuelva la situación procesal.

Actualmente, en estos casos, la Justicia Federal los libera, siguiendo el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia. “Hoy por hoy, la ley nos exige que hagamos el procedimiento”, dijo Paredes sobre los casos en los cuales queden involucrados consumidores. “Lo que haga la Justicia (provincial) no corre por cuenta nuestra”, agregó.

Si cambia la ley nacional, tema que se discute en el Congreso Nacional y sobre el cual hay consenso en las principales fuerzas, la Justicia cordobesa deberá adaptarse a esa norma.

Paredes sostiene que la participación de fiscales especializados dará “cercanía y agilidad” a los procedimientos. Hasta diciembre funcionarán en la ciudad de Córdoba sólo las tres fiscalías federal. Desde entonces se agregarán dos provinciales. Habría otra más, pero aún no fue confirmado desde cuándo.

En el interior se crearán nuevas secretarias con competencia en narcotráfico.

Cuando la Justicia colapsó

Antes del fallo Arriola (la resolución de la Corte Suprema de Justicia que hizo caer en la práctica la persecución contra los consumidores), los Tribunales Federal de Córdoba estaba tapados de causas por violación a la ley de estupefacientes. Los procesados era mayoritariamente “perejiles”: consumidores.

Un estudio del Inecip Córdoba y el Centro de Estudios Jurídicos de las Américas develó que durante 2003 el 49 por ciento de las denuncias en la Fiscalía Federal Nº 2 eran por narcotráfico, mientras que la Fiscalía Federal Nº 3 ese porcentaje llegaba al 73 por ciento.

En la mayoría de los casos que llagaron a juicio, el 69 por ciento de los procesados, la posesión de drogas para consumo personal fue su primer antecedente penal. También de manera mayoritaria se trataba de jóvenes provenientes de barrios humildes de la ciudad de Córdoba.

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La ley narco cordooobesa

Fiscales. Se crean tres fiscalías en la ciudad de Córdoba y tendrá competencia en materia narco una en cada cabecera de departamento. En diciembre funcionarán dos.

En el interior. Habrá secretarías con competencia en narcotráfico.

Defensores Oficiales. La ley no contempla la creación de Defensorías oficiales para atender la (se presume) mayor cantidad de causas por tenencia para el consumo.

Testigos. El Gobierno dijo que “en la medida de las posibilidades” habrá testigos civiles en los operativos.