El empresario Gabriel Brito, último detenido en la causa por la mafia de los medicamentos, dará más pruebas y precisiones respecto del presunto vínculo del ex recaudador de la campaña electoral de 2007 y ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli, a quien ayer acusó de "hacer negociados" con los reintegros que pagaba el Estado a las obras sociales por costosos tratamientos para enfermedades, como el cáncer o el sida.

"No solamente tiene pruebas, sino que muchas ha aportado. [También entregará] otras que no tiene en su casa por razones de resguardo", dijo hoy su abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten en la puerta de los tribunales, antes de que su defendido continúe su declaración indagatoria.

Al ser consultado sobre si dará más precisiones respecto a su acusación contra Capaccioli, el letrado aseguró: "Si bien todavía la declaración de Brito en ese sentido no termino, él hizo un comentario respecto de esa persona y de [Néstor] Lorenzo. Eso seguramente va a ser motivo de repregunta".

Brito está preso, acusado de extorsión y de pertenecer a la organización que investiga el juez Norberto Oyarbide, por lo que no está obligado a decir la verdad. No es como si fuera un testigo que jura hacerlo. Al haber interactuado con los investigados, tiene información que el juez debe evaluar si es cierta o no a la luz de otras pruebas que existen en el expediente.

El viernes último, Brito comenzó a declarar y terminó cerca de la medianoche, cuando mencionó a Néstor Vázquez, ex gerente general de la Superintendencia de Salud durante la gestión de Capaccioli. Dijo que había diseñado un sistema para que las obras sociales cobraran reintegros. Hoy Brito seguirá declarando y se referirá a otras personas mencionadas en la causa, como el detenido secretario general de los bancarios José Zanola, el ex recaudador de la campaña electoral de 2007 Sebastián Gramajo y Capaccioli. La Cámara Federal ya ordenó que se indagara a Capaccioli sobre el control que hacía de las droguerías y su vínculo con la recaudación electoral.

Ayer Brito siguió ganándose la enemistad de sus consortes de causa. Con respecto a Néstor Lorenzo, el dueño de la droguería San Javier que vendía medicamentos a la obra social de los bancarios, afirmó que es "un fabulador",

"Capaccioli y Lorenzo hacían negociados con la APE", declaró Brito, según dijo su abogado Sánchez Kalbermatten. La APE es la Administración de Programas Especiales, un área de la Superintendencia de Salud que prevé reintegros a las obras sociales sindicales para los tratamientos muy caros y prolongados que debían hacer sus afiliados, sobre todo en enfermedades como el cáncer o el sida. Para cobrar los reintegros debían presentar un expediente con la histórica clínica del paciente y los troqueles de las cajas de remedios utilizados en su tratamiento. En la causa de Oyarbide se comprobó que había carpetas investigadas con troqueles falsificados para cobrar sumas millonarias del Estado.