El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, dijo ayer a LA NACION que este año los municipios recibirán $ 1400 millones más que en 2011 de fondos coparticipables: "Esto es un 17% más. En total, van a recibir cerca de 8000 millones". Lo dijo luego de que varios intendentes se mostraron preocupados por la delicada situación financiera que atraviesan sus municipios, que se vería agravada aún más si disminuyen los recursos correspondientes a la coparticipación.

"Ya pasamos por otras situaciones similares con esos machos del off the record", dijo Pérez sobre los jefes comunales que hablaron con la condición de no ser identificados. "A las quejas en off , yo les respondo en on . La provincia transfirió, en los últimos cuatro años, un 203% más de fondos de coparticipación a los municipios. Esto fue posible porque Daniel [Scioli] creó cuatro nuevos fondos de transferencia, que amentaron un 30% la masa coparticipable."

Y añadió: "A eso hay que sumarle los programas nacionales, los subsidios, las inversiones en obra pública. De los $ 287.000 millones que invertirá la Nación en las provincias, destinará $ 92.000 millones a la provincia de Buenos Aires".

El jefe de Gabinete recordó que a fines de 2011 la Casa Rosada prorrogó por dos años el plazo que tenían las provincias para cancelar sus deudas y que Scioli tomó una medida similar con los municipios. En total, son unos 90 distritos, que deben $ 446 millones al estado provincial.

Esto, sin embargo, no alcanzó para tranquilizar a los intendentes, que ya le han expresado a Scioli su inquietud por la baja de recursos. Concretamente, se teme una merma cercana a los $ 2000 millones, debido a la quita de los fondos educativos que eran girados por el gobierno nacional ($ 900 millones) y al impacto que tendrá el cambio en los índices para calcular los giros que realiza la provincia.

Ante este ajuste, los intendentes de la primera y la tercera sección electoral le propusieron a Scioli varias alternativas: crear un impuesto por el uso del espacio aéreo para las empresas de telefonía celular y otro al combustible, no mayor al 0,025% por litro, que se impondría a las estaciones de servicios. También pidieron una mayor participación en otros tributos que ya cobra la provincia, como el que se grava a los Ingresos Brutos, a los automotores, a las embarcaciones y a los bienes inmuebles.

Pese a los reproches de Pérez, no todos los que mostraron su preocupación hablaron en off the record . Por ejemplo, el intendente de Rivadavia, Sergio Buil (FAP), se quejó: "Jamás pasó que Economía nos informe un estimado de coparticipación, por medio del cual uno hace el presupuesto municipal y termina enterándose a los dos meses que tenemos cuatro millones de pesos menos, que implica la masa salarial de un mes".

El intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo (FPV), a cargo de la Federación Bonaerense de Municipios, dijo a LA NACION: "Las del conurbano y el interior son realidades distintas. Pero sí, se va en el mismo camino porque los municipios tienen mayores costos, que no podemos afrontar si siempre estamos con las mismas tasas. Por eso estamos buscando nuevas salidas".

En algunos partidos del interior, la falta de dinero asfixia. Por ejemplo, el miércoles pasado, el municipio de Benito Juárez tuvo que declarar la emergencia económica, administrativa y financiera. "La municipalidad está fundida", dijo el intendente Julio Marini (FPV). El jefe comunal informó a este diario que la comuna mantiene una deuda de $ 11,5 millones, "heredada de la administración radical anterior".

A los problemas financieros, además, se le suman los gremiales. En Coronel Suárez, el intendente Ricardo Móccero (Vecinalista K) tuvo que salir de su despacho con custodia policial, mientras un grupo de empleados estatales arrojaban huevos al edificio comunal y reclamaban un aumento de sueldo del 40 por ciento.

En San Pedro, los empleados realizaron una toma del palacio comunal en reclamo por una recomposición salarial del 44%. "La situación financiera del municipio es ajustada. Vamos a terminar con déficit. Y tenemos atraso de tres meses con proveedores. Pero arreglamos los salarios de los trabajadores", informó a LA NACION el secretario de Gobierno, Pedro Restelli.

En Tandil, Azul, Zárate, Balcarce, Brandsen, Luján, San Nicolás, Tres Arroyos y Lanús se repitieron medidas de protesta por la recomposición de los sueldos.

"Estamos a la expectativa. Son muy pocos los haberes que superan los $ 2300 pesos al salario mínimo, vital y móvil y hay básicos de 1200", indicó el secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), Rubén García, y alertó que los reclamos se van a "endurecer".