Cruce de la ruta nacional 36 y la provincial 45, a la altura de Alto Fierro. A veces, seis, a veces cuatro, de noche, dos policías de la Caminera actúan 24 horas como semáforos vivientes.

Pasan unos 10 mil vehículos de todo tipo por día. Si los policías no actuasen como si fuesen inspectores de tránsito en una esquina urbana sin semáforo, el cruce de Alto Fierro seguramente se cobraría decenas de vidas, como venía ocurriendo antes de esos controles. Por eso, paran el tránsito, en lo que se transforma en la enésima traba para recorrer Córdoba-Río Cuarto, un tramo de 210 kilómetros por el cual se paga ahora, entre los dos peajes nacionales y el provincial, 5,70 pesos por una ruta angosta, repleta de obstáculos y en no tan buen estado. Un récord nacional.

Pero veamos algunos números. El puesto fijo de policías que corta el tránsito le cuesta a la Provincia más de 50 mil pesos por mes, como mínimo, sólo en salarios, a lo que hay que sumar los costos operativos de los uniformados dedicados a dar paso.

Construir una rotonda en el límite de la concesión nacional de Corredor Cordobés SA con la provincial Caminos de las Sierras podría costar alrededor de un millón de 
pesos, con la siempre presente salvedad de que el Estado siempre termina pagando mucho más.

Con esos números aproximados, tenemos que en poco más de un año y medio, la Provincia se gasta el presupuesto de una rotonda en salarios de policías que hacen la función de la obra vial no ejecutada.

Claro está que el cruce es de una importancia tal que la Policía considera clave tener un puesto allí por razones de estrategia de seguridad. Pero podrían ser menos agentes y que estén concentrados en esa tarea de prevención y control.

Además, una rotonda otorgaría agilidad y seguridad a una de las más peligrosas rutas cordobesas.

El dato ilustra el orden de prioridades en inversión que tiene el Gobierno provincial, que no siempre privilegia las necesidades más acuciantes y suele dar lugar a otros intereses cuando decide las obras.

Todo esto mientras los miles de usuarios que desbordan la ruta Córdoba-Río Cuarto recuerdan la incumplida promesa de construir una autovía que una las dos principales ciudades de la provincia.

Ese anuncio no concretado tiene otro impacto perverso: la empresa que cobra el peaje no explota la concesión, o sea lo recaudado en las casillas de Piedras Moras y Tegua va a un barril que no tiene fondo. Como los millones que aportaron, por distintas vías y durante generaciones, usuarios y contribuyentes que padecen una precaria infraestructura vial.