Denuncian la falta de pago del subsidio a la cooperadora del centro neuropsiquiátrico, que debe destinarse a salarios trabajadores y a los alquileres de las viviendas en las que son reinsertadas las pacientes, por lo que temen por la continuidad del Programa.

Desde la comunidad del Hospital neuropsiquiátrico Esteves, de Temperley, manifestaron su preocupación por la continuidad del Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA), pionero en la Provincia en la reinserción social de pacientes con trastornos psíquicos. La inquietud pasa por la falta de pago de subsidios a la cooperadora, que son empleados tanto en el pago a una parte del personal como al alquiler de las viviendas donde se alojan las pacientes que siguen el tratamiento del Hospital.

“La situación tiene efectos negativos sobre las acciones que el P.R.E.A. lleva a cabo cotidianamente. Las áreas más afectadas son, sin lugar a duda, los alquileres de las casas de convivencia y Centro Comunitario, y los haberes de un sector de trabajadores en el que se incluye personal asistencial y docentes a cargo de talleres”, apuntaron desde el Programa.

Es por eso que, tras un plenario realizado el martes pasado, decidieron establecer un plan de lucha que incluye un paro activo con una movilización a la Casa de la Provincia prevista para el martes próximo y una retención de tareas de los trabajadores que se viene realizando desde el sábado.

“Reiteramos ante las autoridades provinciales la necesidad de una urgente solución ante el grave riesgo para la continuidad de este programa, además de reafirmar la firme decisión de no permitir bajo ningún concepto un retroceso en el ejercicio del derecho de vivir en la comunidad de las usuarias del Programa”, advirtieron.

Según apuntaron, la demora no es nueva y ha alcanzado incluso retrasos de seis meses. “Esto pone de manifiesto que, lejos de tratarse de una excepción, estamos ante un problema que viene afectando el curso de nuestro programa como una amenaza permanente”, indicaron. .

Hasta el momento, el PREA ha logrado que 80 mujeres recuperen su derecho a vivir en la comunidad, viviendo unas 60 en las casas de convivencia que el programa sostiene y asiste.

“Bajo el argumento del atraso en los pagos, se han recibido advertencias de rescisión de contratos de alquiler y reticencia en el cumplimiento de obligaciones por parte de los locadores. Todo lo cual viene afectando la calidad de vida de las usuarias del programa. El incumplimiento de estas obligaciones incidirá también en el futuro, agravando las dificultades para alquilar nuevas casas. Muchas pacientes en condiciones de ser externadas se ven así postergadas en el ejercicio de su legítimo derecho”, criticaron.

Durante la movilización prevista para el martes próximo, desde el PREA pedirán el “pago inmediato de haberes y alquileres atrasados, la implementación en tiempo y forma del presupuesto y el pase a planta de todos los trabajadores, garantizando la continuidad del programa”.