Desde hace cuatro días, los puertos graneros bonaerenses se encuentran paralizados debido a un reclamo que están llevando a cabo trabajadores enrolados en la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra) para exigirle al gobierno provincial que legalice un piso básico tarifario para el transporte de cereales y oleaginosas.

La protesta recrudeció y durante la jornada de hoy podrían sumarse los transportistas de Santa Fe, algo que hasta el cierre de esta edición no había sido confirmado.

La medida que amenaza la comercialización de granos y sus derivados comenzó el lunes y provocó desde entonces el cese total de actividades en las terminales cerealeras de Ramallo, Quequén, Bahía Blanca y San Nicolás, en Buenos Aires. Sólo en el distrito bonaerense se calcula que hay unos 17.000 camiones inmovilizados en los ingresos a los puertos y en las rutas aledañas.

Representantes de Fetra denunciaron que los pequeños y medianos transportistas están trabajando con una distorsión aproximada del 30% de lo que deberían estar cobrando. El cuadro tarifario base que rige en la actualidad indica que un transportista tendría que recibir por acarrear una tonelada de cereales, como mínimo a lo largo de 10 kilómetros, 22 pesos.

Miguel Aguilar, presidente de la Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos (Atcade), entidad adherida a la federación que impulsa la manifestación, detalló: "Si bien tenemos una tarifa consensuada, los empresarios nos pagan lo que quieren. Para mover una tonelada nos están pagando 18 pesos". Y agregó: "No llegamos a cubrir nuestros costos y encima nuestros insumos, como el combustible, están cada vez más caros".

El reclamo no es nuevo. Los transportistas acarrean este planteo desde mediados de agosto cuando, tras reunirse con representantes del gobierno bonaerense, acordaron que antes de las elecciones del 23 de octubre tendrían una respuesta favorable para actualizar el monto, algo que, según Aguilar, no sucedió.

Desde comienzos de semana, las entradas a las terminales portuarias bonaerenses están custodiadas por camiones detenidos que no ingresan a cargar cereales ni transportan las materias primas desde las empresas acopiadoras para su exportación.