Antes de comenzar la entrevista con LA GACETA, los representantes regionales de la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica (Apuaye) aclaran que sus opiniones sólo revisten un carácter técnico. Con esta salvedad, los ingenieros Daniel Albarracín (presidente) y Miguel Villafañe (secretario) aseguran que la construcción de la planta transformadora en Ayacucho 266 es necesaria para cubrir la demanda de energía de la zona y que se realiza según las normas requeridas por los organismos de control.

"Queremos aclarar que esta obra reúne todos los requisitos técnicos y en materia de seguridad. No obstante, hacemos expresa reserva a la realización de estudios de impacto ambiental y debida certificación de aptitud, acorde a los estándares de calidad que fijan las normas impartidas por los institutos con competencia al respecto", sostuvo Villafañe ante la consulta de este diario.

Los profesionales aseguran que la obra en construcción tiene una serie de avales que hacen que técnicamente sea viable. Sostienen que, en su momento, Agua y Energía Eléctrica (AyE) -en sus estudios de distribución- localizó a Ayacucho 266 como nodo crítico de demanda para asistir con oferta. Además -reafirman- el Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE) elaboró por pedido de la Secretaría de Energía de la Nación, el Plan Federal de Transporte Eléctrico II para el período 2004-2010. "Basándose en estudios locales, el Consejo Federal incluyó como obra imprescindible la ampliación proyectada, considerando necesaria su incorporación a la red para el año 2008, atendiendo razones de seguridad y calidad del servicio del área del microcentro de San Miguel de Tucumán", agregó Albarracín. El profesional destaca, además, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), por medio de la resolución 137/12 del 13 de junio de este año, otorgó el certificado de conveniencia y necesidad pública de la obra. "La Apuaye suscribe iguales criterios técnicos, considerando que la obra reúne plena justificación técnica", acota Albarracín.

Sobre el estudio de impacto ambiental, los profesionales expresaron que ese análisis -lo elaboró la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)-, debería estar al alcance de la población "para evitar que se generalice el miedo". "Las instituciones que son habilitadas para dar un certificado de apto ambiental deberían darlo a conocer a través de una página web, por ejemplo. Porque toda la población tiene el derecho a estar informada sobre ese tema", expresó Villafañe.

Los ingenieros señalaron que la ley 24.065 establece que ningún transportista o distribuidor de energía podrá comenzar la construcción de sus instalaciones sin el certificado que acredite la conveniencia de la obra.