Los profesionales de la administración pública buscan retrotraer el conflicto al 18 de marzo

En el marco de las negociaciones con el Gobierno provincial a raíz de la problemática salarial del sector, los profesionales jujeños de la administración pública concurrieron ayer a una primera audiencia de conciliación obligatoria, junto a representantes del Ejecutivo provincial, a la Dirección de Trabajo de la provincia, donde se puso de manifiesto la necesidad de retrotraer la situación al 18 de marzo, para luego comenzar a negociar porcentajes de incremento salarial.
El planteo inicial consiste en agregar a la propuesta gubernamental de 100 pesos en blanco y 100 en negro, el blanqueo de 100 pesos correspondientes a arreglos alcanzados durante 2009.

En este sentido, Víctor Aramayo, Secretario General de la Asociación de Profesionales de la Administración Pública (APUAP), señaló el inicio del proceso de conciliación obligatoria con esta primera audiencia, en la que el gremio planteó la necesidad de que la Dirección provincial de Trabajo establezca un clima de imparcialidad y de confianza para ambas partes, "y hemos solicitado, por mandato de asamblea, labrar un acta de preacuerdo en la que se retrotrae la situación al momento previo al inicio del conflicto, es decir, al 18 de marzo; hemos debatido sobre esto, no hemos llegado a un acuerdo, por lo cual ambas partes convenimos pasar a un cuarto intermedio hasta hoy, para definir esta cuestión previa, para dar inicio a las conversaciones sobre el tema salarial".

De no lograrse este punto, se definirían acciones a seguir desde el sector, de acuerdo a lo indicado por Aramayo, quien además señaló que las medidas de fuerza continúan suspendidas, "acatando la conciliación obligatoria y, mientras dure la misma, como dice la Ley que la regula, las partes deben abstenerse de tomar medidas en cualquiera de los sentidos".

Retrotraer la situación al momento previo al inicio de los conflictos, según lo expresado por el titular de APUAP, "implicaría generar un clima de confianza y de imparcialidad por parte de la Dirección provincial de Trabajo, en el que se dará tratamiento igualitario a ambas partes, y el no descuento de las sumas podría formar parte del acuerdo al que podamos arribar, si lo hacemos, al término de la conciliación obligatoria".

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