tras conocer que mediante un acta acuerdo, representantes del Consejo de Pueblo Indígena (CPI), y miembros de la comunidad a quienes llevaron en soledad a hacer las firmas en Tartagal, se permitiría el desmonte en parte de las tierras que ellos reclaman como territorio comunitario wichí. A cambio, y según sostiene la nota que Hugo Díaz y Angel Garay mostraron a Nuevo Diario, se donarían 300 hectáreas "comprendidas dentro del 40% exigido por ley como reserva natural", además de la construcción de 10 viviendas en dos años (cinco en el primero y el resto en el segundo), acciones que sólo serían posibles "una vez aprobados los permisos de desmontes referidos y notificados del decreto de aprobación". Estos pasajes se encuentran en el acta firmada por el abogado Antonio Valor, el representante del Pueblo Wichí en el CPI, Oscar Lorenzo, y los "donantes" Gastón Larrán y Alejandro Braun Peña.

REDACCIÓN

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"Ellos anunciaban que iban a hacer reunión, pero en Laguna Cuchuy", dijo Díaz a Nuevo Diario al contar que finalmente (y como suele suceder en otros casos), fue en Tartagal". Indicó que antes, los productores y miembros del CPI habían encontrado al vicepresidente de la comunidad de Cuchuy, Víctor Morales, mientras caminaba por Ballivián. "Lo llevaron solo, no nos consultaron, y Morales pensó que estaba bien pero no estaba tan bien", dijo Díaz al indicar que de hecho, las resoluciones que se están tomando no incumben a una sola comunidad, sino a las cuatro que hacen el reclamo territorial.

En la nota elevada a las autoridades los representantes de las comunidades indicaron que "se nos pide que aceptemos más desmontes, mintiendo con que nos van a traer beneficios". Pero "sabemos que eso no es así porque más de la mitad de nuestras tierras ya fueron desmontadas y sólo nos trae problemas. Las fuentes de agua que usábamos ya no están y las que quedan están contaminadas con agroquímicos, hemos perdido muchos de los alimentos que nos ofrecía el bosque. Los caminos que siempre usamos son cerrados por candados de las empresas. Nuestra supervivencia como pueblo, nuestra propia historia y cultura, está gravemente amenazada". El reclamo, que en definitiva apunta a que no se autorice desmonte alguno, fue elevado pero sólo por nota dado que el miércoles ninguna autoridad con decisión política sobre este tema salió a responder a los representantes de la Comunidad.