El gobierno de Francisco Pérez intentará hoy comenzar a poner fin a la primera crisis que le toca enfrentar (y que estalló en el ámbito penitenciario) para lo cual dará a conocer los nombres de los reemplazantes de los tres directivos que removió de sus cargos: Daniel García, titular del complejo penitenciario San Felipe; Carlos Vilches, director del penal de máxima seguridad Almafuerte y Eduardo Orellana, encargado de la cárcel de Boulogne Sur Mer.

Por el momento no habrá cambios en el establecimiento de El Borbollón ni en la cárcel de encausados de San Rafael, aunque se estiman posibles algunas reubicaciones.

También se aguardan novedades sobre la designación del titular de una Subsecretaría de Justicia que permanece vacante desde la última parte del gobierno anterior en medio de rumores de tironeos políticos.

La situación explotó luego de que se registraran tres fugas en Almafuerte y dos revueltas con rehenes en San Felipe durante los tres días que transcurrieron entre el sábado y el lunes pasados.

El Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno, Félix González anunció un "reordenamiento en la mayoría de los penales de Mendoza" y -acompañado por el ratificado director del Servicio Penitenciario, Sebastián Sarmiento- reiteró que los inconvenientes "no tienen relación con un posible boicot" de un grupo de penitenciarios contra la política de respeto a los derechos humanos de los internos.

Es que en los últimos meses hubo guardias denunciados por las autoridades penitenciarias por maltrato a algunos presos.

"Hubo errores. Hubo negligencia y relajamiento. Y los errores llevan a que hoy tres personas estén prófugas", subrayó González.

El fin de semana pasado los internos Ángel Espinosa Tello (21), Alberto Sevilla Gómez (42) y Miguel Moreno Salinas (27) protagonizaron una insólita fuga del pabellón de máxima seguridad de Almafuerte. Ayer la fiscal Claudia Ríos imputó a cinco penitenciarios -suspendidos en sus cargos- por presunto favorecimiento de evasión. Y el ministro de Seguridad, Carlos Aranda anunció una recompensa de 20 mil pesos por prófugo para quien ofrezca datos que permitan sus detenciones.

El lunes todo llegó a un extremo cuando en pocas horas se registraron dos motines con toma de rehenes en San Felipe, que dejaron como saldo un penitenciario apuñalado.

Problema con historia

En 2004 la crisis penitenciaria mendocina alcanzó su punto máximo con 18 muertos en doce meses, lo que derivó en la intervención de organismos interamericanos de derechos humanos. Hasta esa época "el Zoológico tenía más presupuesto que la cárcel", al decir del propio Sarmiento.

Desde entonces hasta la fecha las partidas penitenciarias se triplicaron y se llevó a cabo un plan de inversiones en infraestructura que permitió el levantamiento de las sanciones internacionales.

Un informe de Cicunc Contenidos presentado en Radio Universidad -y a punto de ser publicado por la Universidad Nacional de Cuyo- se concluye que "tras ocho años de inversión penitenciaria triplicada, aún no afloja la reincidencia delictiva". Destaca que a pesar de la inversión promedio de 1.083 pesos por mes por cada uno de los 3.000 internos "sigue alto el índice de reincidencia especialmente en autores de robos y violaciones". Aunque subraya que "aparecieron indicios de mejora en las posibilidades de reinserción mediante trabajo y educación".