Lo hizo en un pronunciamiento de apoyo a los fiscales y jueces del Chubut, en el que expresó que los funcionarios del Ejecutivo pretenden "iniciar una catarata de juicios políticos y jurys de enjuiciamiento que, todos presumimos, no tendrá otra finalidad que colonizar a la justicia de Chubut, garantizando la impunidad para los poderosos".
Yendo mucho más allá de una condena burocrática, el Consejo de Procuradores consideró que el Gobierno chubutense mantiene "una conducta evasiva de la realidad" al afirmar que mejorará la prevención del delito, "agravándose la desesperanza de la ciudadanía cuando semejante afirmación reconoce su fundamento en una escala salarial policial, adquisición de patrulleros y/o incorporación –siguiendo con vetustos procedimientos- de mayores efectivos policiales, fundar aquello en esto es casi una confesión de no haber asumido con seriedad el tema de la justicia y la seguridad".
"Debe atribuírsele la característica de inédito que quienes han sido electos para gobernar aparenten desconocer que la prevención del delito es tarea que les resulta irrenunciable, no reconozcan que los fiscales investigan según la estructura dada por el propio poder político y mediante una fuerza policial que es formada y que depende del Poder Ejecutivo, y que no adviertan que el número de organismos predispuestos por ese mismo poder político para dictar sentencia, resulta indiscutiblemente insuficiente para un índice delictual que no responde, claro está, solo a la actuación de fiscales y jueces", señalan además los colegas de Miquelarena.
El Consejo de Procuradores advirtió además que "es necesario recordar al poder político de Chubut, y en especial a la ciudadanía que legítimamente reclama soluciones, que tanto el Código de Procedimiento Penal, como el sistema de excarcelaciones y otros institutos de igual importancia, son producto de sus decisiones, ajenas a la competencia de fiscales y jueces".
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