Pablo López Viñals, pidió los informes por la discrepancia que se advierte en el expediente que se inició en el 2010 en el Ministerio Público cuando Cencosud comenzó las obras en los terrenos ubicados frente a los cuarteles del Ejército.

En su función de control, el procurador advirtió que en el proceso de habilitación de las obras que se llevan adelante, la Subsecretaría de Medio Ambiente municipal -resolución mediante- calificó el proyecto como de medio impacto ambiental.

En este sentido, la Procuración considera más adecuada en principio incluir a "EASY" en la categoría de "hipermercados, supermercados totales, supertiendas, centros de compras o shoppings" prevista como de Alto Impacto Ambiental y Social según la Ordenanza Nº 12745, por lo que solicitó información complementaria y aclaratoria sobre este punto.

En caso de ser incorporados dentro de "alto impacto ambiental" deberán afrontar otros requisitos más exhaustivos, tales como informe del Concejo Municipal del Medio Ambiente y convocar en un plazo no mayor de 10 días hábiles, a una Audiencia Pública Temática con participación de los ciudadanos interesados.

En este sentido no se hizo, oportunamente y antes de que funcione un informe auditado del impacto ambiental y social, de acuerdo a lo que ordena la legislación nacional, provincial y municipal.

Por otra parte, la Secretaría de Ambiente y Servios Públicos de la Municipalidad de Salta solicitó oportunamente la prorroga al cumplimiento de los pedidos de información Pública Ambiental, lo que presentó recién el día 30 de agosto de 2011.

En dicha respuesta, se da cuenta de un convenio suscripto entre el Municipio y la firma donde se obligan a reponer plantines nativos para la ciudad, en compensación por las especies extraídas en el predio donde se ubica el establecimiento.

Asimismo, se puso en conocimiento el estudio de impacto arqueológico realizado y su seguimiento por parte de expertos locales en la materia. También informó el municipio que en el trámite de habilitación otorgado al emprendimiento hay planos aprobados por la Dirección General de Fiscalización de Obras Civiles, los que ahora son requeridos por la Procuración General de la Provincia junto a otros actos administrativos para su control.