La defensa del exjuez mendocino, destituido por el Consejo de la Magistratura por mal desempeño y posible comisión de delitos de lesa humanidad, adujo que la conducta de Romano como fiscal durante la dictadura ya había sido examinada por el Senado de la Nación al aprobar su pliego como camarista federal, sin objeciones ni impugaciones, en marzo de 1993.

No obstante, Gils Carbó destacó que en aquel momento el tratamiento de pliegos por la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta era secreto y que tampoco está probado que el órgano legislativo "haya conocido las actuaciones y omisiones por las que se le imputó mal desempeño". "En estas condiciones -añadió- no puede sostenerse que el acuerdo del Senado impida la dilucidación de la conducta cuestionada pues ello implicaría asegurar la impunidad de un magistrado por los delitos de lesa humanidad que se le atribuyen y el desamparo de las víctimas."

La justicia federal mendocina acusa a Romano de 103 delitos de lesa humanidad cometidos cuando era fiscal en la dictadura, pero antes de que comenzara su enjuiciamiento y separación del cargo, en marzo último, Otilio Romano se fugó a Chile, donde se le rechazó un pedido de asilo político y afronta su proceso de extradición a Argentina.