Sobre el procedimiento de ayer en particular debemos decir que no hay ninguna norma objetiva que le haya dado autoridad a Hebe de Bonafini para erigirse en jueza del proceso. Tampoco se respetó ningún procedimiento que diera garantías de defensa a los "acusados", aun cuando el derecho a la defensa es una institución reconocida por la Constitución nacional y uno de los valores fundamentales de nuestra civilización.

En este caso los inculpados no han tenido posibilidad de defensa, ni abogados que los representen, ni posibilidad de hablar.

Tal vez el caso más patético fue el de Magdalena Ruiz Guiñazú, designada por Raúl Alfonsín miembro de la Conadep, integrada por personas intachables. Es un disparate que ahora la hayan juzgado por vínculos con la dictadura.

Tenemos que recordar que la civilización occidental trabajó durante siglos para que los actos de justicia no fueran de venganza, sino que hubiera un verdadera justicia con una defensa real.

Por todo eso no tiene sentido tomar en serio una pantomima como la de ayer. Se trató de una aberración jurídica, totalmente negativa y nefasta.

Miembro de la Cámara Federal que juzgó a las Juntas Militares