No hay mal que por bien no venga, suele decirse. Y aunque parezca una simplificación excesiva, más circunstancial que coyuntural, bien puede aplicarse a la controversia desatada esta semana, en cuyo marco, básicamente, no hubo un sector político, social, sindical y ciudadano en general, que no se manifestara de manera contundente contra el mensaje pronunciado por el edil radical Fernando Pedraza durante la sesión especial convocada por el concejo deliberante local, en adhesión al Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

En efecto, no hay mal que por bien no venga, en este caso puntual, justamente porque este affaire ha desnudado de manera impiadosa, que todavía hay sectores de la sociedad -independientemente de que ejerzan o no responsabilidades políticas y/o institucionales- que o bien padecen de distintos grados de ignorancia al respecto de la correcta interpretación de lo acontecido antes, durante y después de la dictadura cívico-militar conocida como "proceso", o bien replican -por error... o convencimiento- una conceptualización cuya falsedad ya ha sido ampliamente demostrada, y sus postulados rebatidos de manera incuestionable histórica y políticamente.

Justamente, en una de las tantas comunicaciones rechazando y repudiando el mensaje de Pedraza, se exponía claramente esta cuestión, que se focaliza en una grave omisión de todos los gobiernos -municipales, en este caso puntual- que se han sucedido desde 1983 a la fecha, y sobre todo desde que el Día Nacional de la Memoria fue fijado por ley, en cuanto a la necesidad insoslayable de abrir un debate clarificador en todos los niveles y desde hacia y todos los sectores, al respecto de uno de los acontecimientos más graves y traumáticos de nuestra historia política contemporánea.

Se ejemplificaba muy bien, en esa misiva acercada a nuestra redacción que, en efecto, que aún existan posicionamientos como los expresados por el citado edil radical (acerca de quien, cabe aclarar, no es nuestra intención hacer una víctima propiciatoria) se debe concreta y precisamente a que persiste una grave falta de debate profundo acerca de lo acontecido entre 1976 y 1983. Y antes y después de cada uno de esos años.

En esa misma comunicación se acertaba inclusive en otro punto crucial: la necesidad también insoslayable de abrir un debate sobre lo acontecido particularmente en nuestra ciudad durante esos años.

Porque aquí también hay mucho que clarificar. En Rojas también tenemos nuestra nómina de militantes perseguidos, secuestrados, torturados y asesinados. En Rojas también, lamentablemente, tenemos nuestra nómina de alcahuetes, correveidiles y cómplices por omisión y comisión del "proceso".

Lo que dijo Pedraza, al margen de la intención del edil radical, materializada esta semana a través de un comunicado difundido en términos que sólo pueden interpretarse fueron a título personal (ya que hasta el momento el partido político al cual pertenece su banca deliberativa no se ha expresado al respecto), argumentando una interpretación errónea de sus palabras y pretendiendo finiquitar la controversia unilateralmente, durante la sesión especial del concejo fue, básicamente, una apología de la denominada "teoría de los dos demonios", en la que se define como "guerra entre dos bandos" al terrorismo de Estado desatado durante el "proceso", y habla de "daños colaterales" respecto de las víctimas.

Además, hubo otro aspecto de ese controversial mensaje que no fue tenido en cuenta: fue cuando deploró que ocupasen funciones de gobierno personas que "pertenecieron a uno de los bandos".

Si fuese nuestra intención "masacrar" política y personalmente a Pedraza, nos sobrarían elementos...

Pero aquí la cuestión va por carriles más profundos. Por lo cual vamos a centrarnos en la teoría expuesta por el edil radical y no en la persona que la transmitió. Justamente, en aras de lo que apuntábamos antes. Aquí queda claro, rotundamente claro, que hay un debate que es fundamental iniciar cuanto antes.

Por supuesto que es grave que una persona elegida democráticamente para afrontar responsabilidades en los destinos de una comunidad, demuestre semejante carencia de espesor teórico y, más aún, haya expresado un posicionamiento político que sólo puede definirse como inconcebible.

Pero más grave aún es que ese posicionamiento es en realidad sostenido aún por muchos argentinos. La falta de debate acerca de esos sucesos, sencillamente, permite que tales teorías aún persistan.

Consecuencia inmediata de ello es una sociedad que, en términos generales, no sólo carece de memoria, ya que hablamos de ello, sino que se manifiesta reacia a comprender la historia política y social de la Patria desde una perspectiva nacional y popular, independientemente de cualquier otra cuestión coyuntural o partidaria.

RADIOGRAFÍA

La asonada cívico-militar que derrumbó el gobierno constitucional de Isabel Perón, interrumpiendo un proceso democrático que iba a ser validado o no, eventualmente, en las elecciones previstas para pocos meses después, no fue el fruto de un plan diseñado por militares caprichosos.

Fue parte de un programa político integral -replicado en distintos países de la América del Sur y del mundo, bajo directivas e instrucciones expresas del imperialismo político, militar y financiero occidental- destinado a cooptar las soberanías políticas y económicas de países del "tercer mundo" a los cuales, según la división internacional del trabajo digitada por los países más industrializados del planeta, sólo les corresponde asumir el papel de factoría de materias primas y de fuente de mano de obra barata y calificada.

Así, si bien los comandantes de las tres armas asumieron el poder político de facto, el "proceso" amalgamó los intereses políticos y económicos de la civilidad reaccionaria y cipaya -cuyo mayor agente fue Martínez de Hoz- con los postulados de la doctrina de seguridad nacional, que se postulaba desde la Escuela de las Américas.

Como base de esa metodología, al salvaje programa represivo instaurado desde el propio Estado, directamente conducido por las cúpulas militares y policiales (que se dividieron el país en zonas operativas), con el concurso de "patotas" civiles, se le sumó un plan económico cuyo objetivo fue neta y concretamente desmantelar el estado de bienestar instaurado -con interrupciones, como la "revolución libertadora"- durante el peronismo, y sujetar a la economía nacional a los dictados de la banca internacional y las corporaciones financieras, desindustrializando al país y conduciendo a la pobreza a millones de argentinos.

Paralelamente, se apretó más la coyunda mediante el endeudamiento astronómico del país, a partir de fondos gestionados ante los organismos internacionales "de crédito" supuestamente destinados a reactivar la economía pero que, en rigor, eran tomados a tasas catastróficas, por encima de las regulaciones internacionales (como el empréstito de Rivadavia con la Bahring Brothers) para pasar por el país y salir al exterior, dejando a su paso una serie de maniobras especulativas que enriquecieron a unos pocos y emprobrecieron a millones... "Quien apueste al dólar pierde...", ¿recuerdan...?

Para llevar adelante ese nefasto programa, se persiguió, secuestró, torturó y asesinó a decenas de miles de militantes políticos y sociales, dirigentes sindicales y estudiantiles, intelectuales del campo nacional, delegados obreros y combatientes populares, cuyos bienes además fueron saqueados por las hordas criminales que, también, se apropiaron de sus hijos en el marco de un plan cuya metodología, sencillamente, hiela la sangre. Otros, relativamente más "afortunados", pudieron salvar sus vidas exiliándose. Es decir que independientemente de que se tratara o no de militantes pertenecientes a grupos armados -que en rigor ya para 1977-78- habían sido literalmente aniquilados, un objetivo del "proceso" fue terminar -y nunca más precisa una palabra- con cualquier atisbo de oposición interna a dicho plan.

Esto no hubiese sido posible sin la "pata" civil que se aunó a las cúpulas militares. Estaba integrada por empresarios, grupos económicos, banqueros, grandes terratenientes, medios periodísticos corporativos, sectores políticos y sindicales de la ultraderecha, corporaciones eclesiásticas, jueces y un sinfín de agentes, espías, soplones y alcahuetes de la laya más ínfima.

Las crecientes movilizaciones populares, ya en las postrimerías del "proceso" (cuya cúpula tenía planes para continuar en el poder hasta 2010), más el desastre de Malvinas obligó a la dictadura, ya aislada, a conceder elecciones.

Si bien en un momento se inició una instancia histórica en el país, con el juicio a las juntas, las leyes de obediencia debida y punto final, arrancados al ya tambaleante gobierno de Alfonsín tras las asonadas "carapintadas", estuvieron a punto de permitir que los responsables de la dictadura zafaran de sus responsabilidades por crímenes de lesa humanidad. A eso se sumó el indulto "general" implementado durante el menemismo.

En este punto hay que hacer una salvedad puntual. Es importantísimo comprender que, hasta el estallido social y la consecuente ruptura institucional de 2001 (que también dejó sus muertos por la represión desatada desde el Estado por De la Rúa y Duhalde), todos los gobiernos, desde Alfonsín al ínclito Duhalde, mantuvieron las condiciones de sujeción y sometimiento de nuestra economía a los dictados del imperialismo financiero.

La derogación de las leyes antes mencionadas y la reapertura de esas causas, durante el gobierno nacional y popular de Néstor Kirchner, y que continúa la actual presidenta, Cristina Fernández, ha permitido -mal que le pese a los acólitos de la secta de la picana y a los devotos de la paz de los cementerios- que decenas de asesinos estén procesados y otros más estén esperando su turno.

Paralelamente, se ha expuesto a la luz pública, y sin atenuantes, la aberrante complicidad de los grupos económicos y de los sectores civiles reaccionarios con la dictadura cívico-militar más atroz y nefasta que haya padecido nuestro país a lo largo de su historia.