La Procesión va por dentro

“Se investigan irregularidades relativas al financiamiento del Programa Integral de Protección Ciudadana”, manifestó el Juez Federal Alejandro Castellanos en una nota enviada al Concejo Deliberante
En las últimas horas, el Magistrado rechazó la posibilidad que el Municipio actúe como querellante en la causa por la cual se investiga la posible defraudación y/o malversación de caudales públicos en los fondos destinados por el gobierno nacional a la Comuna para mejorar la seguridad en esta ciudad.

Todo se inició cuando el Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, actuó de oficio por un artículo publicado por 0223.com.ar y denunció presuntas irregularidades en el destino de los casi 14 millones de pesos que envió el Gobierno Nacional al Municipio de General Pueyrredon.

En la denuncia, el Fiscal Federal hizo hincapié en manifestaciones del Comisario Inspector de la policía de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Salvá, del concejal Guillermo Schütrumpf, y de la legisladora Julia García.

En tanto, tanto, en las últimas horas, el fiscal Gustavo Rodríguez, que interviene en la causa en reemplazo del Dr. Claudio Kishimoto -de licencia hasta el próximo lunes-, le solicitó al juez Alejandro Castellanos que se investigue la actuación de funcionarios municipales, ante lo cual el magistrado resolvió que la presentación del municipio en calidad de querellantes “es un contrasentido", dijeron a 0223.com.ar fuentes cercanas al Magistrado.

"La figura de querellante le cabe a la víctima pero acá se habla de que habría funcionarios municipales responsables del desvío de fondos provenientes del gobierno nacional. No se puede ser imputado y querellante al mismo tiempo", explicaron.

En relación a la carátula que lleva la causa, la mismas fuentes indicaron que aún no fue definida por el Fiscal, pese a que se trabajaría sobre las hipótesis de defraudación y/o malversación de caudales públicos.

Por su parte, el Presidente del HCD, Marcelo Artime, le requirió al Juez Castellanos información sobre la causa. En la respuesta, el Magistrado señaló que “se investigan irregularidades relativas al financiamiento” del Programa Integral de Protección Ciudadana.

A su vez, el Juez retó al edil oficialista y le solicitó que “en lo sucesivo se sirva observar las reglas de cortesía que toda comunicación dirigida a un Juez de la Nación debe respetar, en el entendimiento de que ello necesariamente redundará en claros beneficios para el mantenimiento del respeto y la cordialidad entre los funcionarios y las instituciones que representan”.

Mientras que la titular del bloque de diputados del GEN, Margarita Stolbizer, presentó un pedido de informe solicitándole al Gobierno Nacional información referida a la utilización de fondos destinados a equipamiento e infraestructura, en materia de seguridad para los municipios. Hace pocos días, la legisladora habló de un posible caso de “corrupción” en Mar del Plata.

Entre combustible, reparaciones, insumos y gastos de alojamiento, la municipalidad local ya usó casi 20 millones de pesos, tomando en cuenta las compras adjudicadas y las que están en trámite.

Con los primeros 13,8 millones de pesos, según establece el convenio firmado con la Nación, debía instalarse un sistema de videocámaras en la ciudad, un sistema de monitoreo satelital de patrulleros, incorporar policías retirados y nuevas patrullas, y formar una red de alerta vecinal, entre otras premisas, pero parte de ellas -por diversas razones-, no se llegó a concretar. Tal como reveló 0223.com.ar, la Municipalidad ya gastó casi 6 millones de pesos para el hospedaje de prefectura.

También debía rendirse la primera partida en noviembre del año pasado, y no se hizo. En diciembre la Jefatura de Gabinete de Ministros reclamó la rendición bajo apercibimiento de no remitir nuevos apoyos económicos.

Además de la Justicia, en el Concejo Deliberante se presentó un proyecto para que se conforme de una comisión que también investigue adónde fue a parar el dinero. La iniciativa fue impulsada por el concejal Schütrumpf.

Al igual que el macrismo en Capital Federal, el oficialismo manifestó su rotundo rechazo a que se conforme una comisión investigadora. Mientras, hasta el momento, otros sectores de la oposición parecen estar en la misma sintonía, a pesar de que la causa avanza día a día con la amenaza de convertirse en el mayor escándalo de corrupción en el gobierno de Pulti.

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