RIO GRANDE.- La resolución de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones apuntó a ex funcionarios y un empresario de la construcción por las obras encaradas en el verano del 2007, para refaccionar escuelas ante el inicio del ciclo lectivo, en un año electoral.

A tal fin se había dictado la Emergencia en materia de infraestructura educativa, lo que permitió la celeridad de algunas contrataciones y trabajos, lo que más allá de esto permitió encontrar por parte del Tribunal de Cuentas, algunas irregularidades, como trabajos inconclusos que a pesar de ello fueron pagados en su totalidad.

El caso tiene como principales imputados al por entonces ministro de Obras Públicas, Omar Deluca, el secretario de Infraestructura y Emergencia Osvaldo Roberto Colombera, y al subsecretario, Victoriano Alfredo Moya, el jefe de Inspecciones Germán Horacio Cuello, el subdirector General de Obras, Luis Alberto Medina y el director General de Coordinación Técnica y Operativa del ministerio de Educación, René Manduani.

Este último, en una de sus indagatorias, encontró como descargo decir que no estaba capacitado para ejercer ese cargo público, como excusa como por no haber cumplido de forma óptima el contralor

Finalmente también está como imputado el empresario Patricio Maximiliano Ryan, propietario de la firma Ryan Construcciones, la cual estuvo encargada de la realización de esos trabajos.

Se hizo sólo el 7% del trabajo pagado

El año pasado estos funcionarios habían sido sobreseídos en instrucción, por lo que el Fiscal Mayor apeló esa medida y la Cámara de Apelaciones tomó intervención a través de su Sala Penal, revisando el veredicto desde esa instancia inferior.

El Fiscal puso de manifiesto que la acusación sólo pudo comprobar irregularidades en dos expedientes de todas las contrataciones realizadas en aquel año, en el marco de la Emergencia Edilicia Educativa, que les permitió disponer de millonarias sumas a los encargados de realizar las refacciones en las escuelas.

Los expedientes cuestionados fueron el 4657 y 4660 por 17.019 pesos el primero y 15.275 el segundo, estimándose en constataciones posteriores que sólo se llevó adelante el 7% del total de los trabajos contratados en el primer caso, y el 6% en el segundo; como resultado de la inspección realizada por una arquitecta

El Fiscal cuestionó de la instrucción que «no se tomó declaración testimonial al personal de maestranza que habría acompañado a dicha profesional -la arquitecta- en la recorrida de los establecimientos».

El detalle más grave reside en que en ambos expedientes constan los finales de obra donde los imputados, Manduani, Moya, Ponce y Medina, afirmaron que se pudo verificar la terminación de los trabajos, como funcionarios que debían inspeccionar los mismos. Todo ello redundó en un perjuicio fiscal y beneficio económico para la empresa Ryan Construcciones, por lo que el Fiscal pidió investigar la existencia de «connivencia entre los funcionarios públicos y la empresa».

El contratista cobró montos superiores a los 200 mil pesos, de los que se presume que al menos cobró de forma indebida 7.800 pesos de más en el expediente 4660 y 8.784 en el 4657.

Nuevos procesamientos

Los camaristas atendieron a esos fundamentos desde la fiscalía y revocaron los sobreseimientos dictados en el caso de Colombera y Moya, que fueron procesados por el delito de «peculado por sustracción» en calidad de coautores, mientras que Medina, Cuello, Manduani y el empresario Ryan, fueron procesados por el mismo ilícito, aunque en calidad de «cómplices primarios».

Se trabó embargo preventivo por cada uno de los encartados por la suma de 30 mil pesos, mientras que finalmente, el por entonces Ministro de Obras Públicas, Omar Deluca, obtuvo la falta de mérito y de forma momentánea quedó excluido de la presunta maniobra ilícita.