Roxana Graciela Diblasi, una ex funcionaria que hasta el 2007 estuvo a cargo del Registro del Automotor Nro. 5, fue procesada por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, acusada de los delitos de falsificación de documento público, fraude en perjuicio de la administración pública, estafa, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La acusada está en libertad porque los delitos de los que se la acusan son excarcelables, pero el magistrado dispuso trabar un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 50.000 pesos. Así lo informaron fuentes judiciales, que agregaron que como consecuencia de las irregularidades detectadas, Diblasi había sido separada del cargo y el Registro fue intervenido en el 2007. No hay un monto del perjuicio calculado, pero fuentes judiciales estimaron que sería importante.

Una inspección extraordinaria realizada en el Registro, tras una denuncia que había hecho un particular, Juan Antonio Solera, quien había detectado algunas irregularidades al momento de realizar la transferencia de su vehículo en el Registro Nro. 5, comprobó que había inconvenientes con la registración de los trámites. Son los que servían de control para la rendición de los importes cobrados por las distintas actuaciones para la transferencia de vehículos ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.

Según se determinó en la investigación, la maniobra habría consistido en que sobre un trámite de transferencia de un vehículo y en el mismo día, en el Registro se generaba un primer recibo, que luego se anulaba, y luego se confeccionaba un segundo recibo, por un importe menor, pero éste último era el que figuraba en la rendición de cuentas. Pero a la persona le cobraban la suma que figuraba en el primer recibo, aunque a la hora de la rendición figuraba un importe menor. Pero, además, se habría detectado que también se enmendaban los formularios 08, que se utilizan en las transferencias, insertándose un valor considerablemente menor.

Así se determinó que, por un lado se produjo un perjuicio a la Dirección Nacional, porque se rendían sumar inferiores a las que se cobraban. Pero, además, por convenio entre la Provincia y la Nación, los registros perciben los sellados provinciales por las transferencia realizadas, que se calculan sobre los montos de los vehículos que figuran en el formulario 08. En definitiva, además del organismo nacional, también habría resultado perjudicada la Dirección de Rentas de la provincia por haber percibido sumas inferiores a las que correspondían.

En el procesamiento, el mayor peso lo lleva Roxana Diblasi, porque era la titular del Registro, quien habría actuado “abusando de su propio poder y con cierta impunidad en el manejo de los legajos”. Pero no es la única complicada en la causa porque también su hermana, Carla Diblasi, fue procesada por fraude y falsificación de documento público. Esta última estaba a cargo de la caja y era la encargada de confeccionar los recibos, que luego controlaba su hermana.