De los 20 imputados que fueron investigados en la causa N° 8.008, por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el Regimiento de Infantería 8 durante la última dictadura militar, a uno se le dictó falta de mérito y a los restantes 19 se los procesó por la comisión de delitos de lesa humanidad, trabándose embargos que fueron desde los 250.000 a los 4.500.000 de pesos. Y si bien se dictaron cinco prisiones preventivas, dos de ellas son bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Procesados sin prisión

El Diario Patagónico informó que los procesados sin prisión preventiva, cada 15 días deben presentarse ante la delegación de la Policía Federal de la ciudad en la cual residen, tiene prohibición de salir del país y se les trabó embargo de 2.000.000 de pesos a cada uno: comisario inspector de la Policía de Santa Cruz, Rafael Augusto Manuelides; comisario mayor (ex jefe de la Policía de Santa Cruz) José Mercedes Muñoz; comisario inspector (Santa Cruz) Carlos Alberto Seguel; comisario mayor (Santa Cruz) Francisco Oleario Sevilla; comisario general (Santa Cruz) Roberto Francisco Blumetti; teniente coronel Mario Enrique Pérez.

Mientras, las víctimas de las torturas que se cometieron en ese lugar fueron identificadas en la causa como Eloiso Quinteros, Raúl Oreste Gallardo, Valentín Casa, Luis Nolla, Hugo Silverio Llamazares, César Roberto Vivar, Jorge Alberto Margavi, Miguel Angel Anchordoqui, Osvaldo Pablo Soyanoff, Francisco Alberto Ledesma, Jorge Armando Demetrio, Edith del Carmen Rubilar, Mirta Doris Silveira, Luis Antonio Porciel, Héctor Gustavo López, Ramón Horacio Torres Molina, Adolfo Edgardo Silveira, Guido Adrián Ñancupel, Alberto Enrique Maruco, Horacio Luis Lorenzi y Víctor Benamo.