Se acaba de conocer el procesamiento dictado por la justicia contra el ex intendente Gabriel Hernández por el delito de “aplicación indebida de caudales públicos, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y peculado”, que según afirmo el ex concejal Jorge Bazan, fue al hallarlo responsable de desviar 80 mil pesos a un destino incierto y no a subsidiar asistencia a alimentaria a familias carenciadas a partir de la profunda crisis producida en el gobierno radical de Fernando De la Rúa.

Al momento de evocar los hechos que datan de fines del año 2001, momentos antes que el ex presidente Fernando De la Rúa renunciara, se le remitió a Hernández y a través de una operatoria no muy clara, recursos del orden de los $ 80.000. Se trato de un subsidio direccionado a atenuar la grave crisis social, ya que se argumentó que con ese dinero se asistiría con alimentos a familias carenciadas, aunque por el fallo judicial emanado del Juzgado de Instrucción y Correccional N°1 -causa N° 1.029/2006 – a través del cual se procesa al ex intendente de la ciudad, queda claro que ese dinero no se destino al propósito antes expuesto.

Es que el procesamiento esta fundado en hallar responsable a Hernández de los delitos de: “aplicación indebida de caudales públicos, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y peculado”. En los fundamentos de la resolución judicial se advierte que “conforme a las probanzas colectadas en derredor de la presente causa, puede establecerse con el grado de probabilidad requerido en esta instancia procesal, que en el mes de enero de 2002, el Sr. Gabriel Hernández percibió y sustrajo “ (sic) la suma aludida”, con lo cual queda claro que esos recursos no fueron destinados a un paliativo nutricional ni mucho menos a familias humildes.

“Y esta cuestión realmente no sorprende. Desde el inicio mismo de su catastrófica gestión municipal en 1.999, los concejales del P.J. tuvimos que hacer lo imposible para evitar la sangría de recursos con fines non-sanctos, mientras la ciudad comenzaba a desmoronarse en todos los frentes”, enfatizo el hoy responsable de Lapacho Canal 11.

Abundo afirmando que “así, vino la pretensión de crear un impuesto a los ingresos brutos de corte comunal”, que intentaba aplicar una alícuota a la facturación de sanatorios, transacciones bancarias y comerciales de todo tipo, de la cual no se salvaban siquiera los fondos de reparo de los certificados de obra pública. En fin, todo un delirio. Pero peligroso, artero, organizado”.

Recordó que “con sólo 6 concejales sobre un total de 12, el justicialismo no reunía el número suficiente para el juicio político que se hizo necesario a partir de los desmanejos increíbles que se sucedieron, bajo el seguro amparo de una administración nacional que ahogaba a una provincia que consideraban “inviable” mientras regaba constantemente con subsidios generosos a quien suponían sería el “seguro delfín” de los tiempos por venir”.

Sostuvo que en aquel entonces “partidas públicas aterrizaban mansamente en el Banco Nación, cuyas autoridades guardaban bajo siete llaves los movimientos de ingresos y egresos de las numerosas cuentas bancarias, ahuyentando a los concejales de nuestro bloque bajo el eufemismo del “secreto bancario”. Se cobraban las tasas en lugares extraños, y la recaudación alimentaba sueños de poder que se convirtieron en pesadilla antes del fin de su mandato”.

En tren de memorar anomalías de la gestión Hernandez, sostuvo Bazan que “en Mayo del 2000 denunciamos públicamente los sospechosos beneficios otorgados al margen de los pliegos licitatorios a la empresa Garbo Sur, de higiene urbana. En setiembre del año 2000, con Antonio Taboada y Héctor Pastor, presentamos una denuncia penal por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” por la emisión de letras de tesorería por $ 300.000 sin consulta previa al Concejo Deliberante”.

“Gastamos ríos de tinta y bastante saliva al oponernos en los estrados judiciales, en el recinto y en la prensa a semejante desmanejo e irresponsabilidad, pero finalmente pudimos convencer al común de la gente que el simpático “paladín de la mesita” se había convertido el algo mucho más complicado. Alguien que dejaría a la Municipalidad de Formosa en emergencia institucional, financiera y sanitaria. Alguien que hoy está siendo procesado, y que en su defensa sólo atinó a reclamar la prescripción de la acción, pero ahora la justicia llego”.