Los jueces Jorge Luis Ballestero y Eduardo Farah revocaron un sobreseimiento dictado por la jueza María Servini de Cubría que había sido apelado por el fiscal Federico Delgado. Delgado había atribuido “a los responsables de la empresa un flagrante incumplimiento de las obligaciones a su cargo (materializado, por ejemplo, en la falta de mantenimiento del material rodante y de las estaciones, deterioro de coches y vías, falencias en las condiciones de seguridad, inexistencia de estructuras de señalización reglamentarias, entre muchas otras anomalías) y a los representantes del organismo público haber violado durante el seguimiento del contrato los deberes de contralor que se encontraban establecidos tanto en el estatuto de la repartición como en el contrato de concesión”.

La denuncia se realizó en el año 2002 y se investigaron hecho ocurridos desde 1996. Las falencias en el servicio siguieron y se agravaron y recién en 2007 el ex presidente Néstor Kirchner ordenó rescindir el contrato de explotación que tenía Taselli, un empresario que, a pesar de la terminación del contrato, mantiene una buena relación con el kirchnerismo.

La Cámara procesó a los empresarios de Metropolitanos Taselli y Juan Carlos Lousteau Bidaut y a los ex funcionarios que estuvieron a cargo de la CNRT en el período analizado: Roberto Alfredo Ciappa, José Emilio Bernasconi, José Antonio Recio y Jorge Telmo Pérez. Para los camaristas, los empresarios fueron los autores de la defraudación y los funcionarios partícipes necesarios.

El tercer juez de la Sala I de la Cámara Federal porteña Eduardo Freiler no firmó la resolución debido a que al inicio del expediente había sido el fiscal del caso. La fiscalía basó su acusación contra los empresarios por el “flagrante incumplimiento” de las condiciones de la concesión. Los camaristas tomaron los argumentos de la fiscalía, leyeron todo lo que había en el expediente y concluyeron que hubo “connivencia” entre los funcionarios de la CNRT y Trenes Metropolitanos ya que, ante las evidentes falencias en la prestación del servicio, tan solo se limitaron a multar a la empresa.

La Cámara aseguró que “existen razones concretas para concluir que las condiciones del servicio de transporte, lejos de mejorar conforme a las expectativas que habían impulsado la suscripción del contrato de concesión, empeoraron de un modo alarmante mientras estuvieron en manos de la empresa explotadora”. Los camaristas, además de criticar cómo se manejó el Roca, pidieron investigar a las autoridades de la Secretaría de Transporte porque la responsabilidad no puede ser cargada solo a los funcionarios de la CNRT. Estos tenían la obligación de controlar cómo se brindaba el servicio del Roca.