La orden fue dada por el juez federal Soto Dávila a partir de una investigación de la AFIP. Además, se trabó un embargo por cuatro millones de pesos. EL JUEZ FEDERAL SOTO DÁVILA LLEVA ADELANTE LA CAUSA.
La decisión del magistrado federal surgió a partir de una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) luego de que el organismo del estado detectara irregularidades en la presentación de las declaraciones juradas de la firma dedicada a la actividad ganadera en Corrientes.
De acuerdo a los señalado desde la AFIP, en la fiscalización se requirió información a terceros, proveedores, libros, registros informáticos, a la Policía, obteniendo datos sobre el transporte ganadero, números de guías, clientes y reconstruyendo de esta manera la base imponible.
Al no conformar el ajuste por parte del contribuyente, el organismo inició el procedimiento de determinación de oficio, donde se fijó que el saldo era de $2.309.000. Paralelamente, en agosto de 2006, la AFIP radicó una denuncia penal por la presunta comisión del delito de evasión simple y agravada (art. 1 y 2 de la Ley 24.769).
De esta manera, el fisco se convirtió en querellante proponiendo medidas tendientes a acreditar la configuración de los delitos denunciados.
En contacto con época, el juez Soto Dávila confirmó las actuaciones y la denuncia del organismo nacional. La evasión agravada establecida por la ley 24.769 prevé una pena de hasta 9 años de prisión.
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