Lo pidió el fiscal Galante por los incidentes en el partido contra Belgrano de Córdoba. Sería condenado con 100 mil pesos y no podría asistir a las canchas por un año. También involucra a otros dirigentes.
Siguen los problemas para el presidente de River Daniel Passarella, ya que el fiscal penal y contravencional Gustavo Galante pidió hoy el juicio oral para él y otros directivos por los incidentes y destrozos ocurridos durante y tras el partido ante Belgrano de Córdoba.
Se propuso que el Kaiser sea multado con 100 mil pesos, cincuenta días de arresto y que no pueda asistir a las canchas por un año.
La lista de imputados, además de Passarella, comprende a River como institución, y a Diego Turnes, vicepresidente; José Omar Solassi, vice segundo; Carlos Mosquera, presidente del Departamento de Seguridad; Daniel Alfredo Bravo, secretario general; Gustavo Quinteros, responsable de seguridad en el fútbol; Luis Renzi, tesorero; Cristian Francisco, gerente de Estadio; y Luis María Delaico, jefe de Seguridad del club.
Se considera, además, que existen casi un centenar de elementos probatorios para formula la acusación.
El directivo “millonario” fue acusado por la falta contemplada en el artículo 92 del Código Contravencional, que consiste en "vender entradas o permitir ingreso en exceso" para un espectáculo, y considera como agravante "si se producen desórdenes, aglomeraciones o avalanchas".
Ese partido contra el Pirata cordobés significó el descenso de River a la Primera B Nacional.
Además, Galante también pidió la elevación a juicio por los hechos ocurridos el 16 de noviembre de 2010, en ocasión del Superclásico ante Boca jugado en el Monumental, cuando “ingresaron al estadio al menos 54.100 espectadores, cantidad ampliamente superior a la capacidad autorizada…, que fija el límite de 40.271 espectadores”.
Por este tema, l fiscal reclamó penas de multa de 100 mil pesos para el club y los dirigentes, y la clausura también por 30 días de las instalaciones. El fiscal contempló, al momento de pedir las condenas, “la educación, el nivel socio-económico-cultural de los imputados, su actitud durante y después de cometida la contravención”.

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