Dilma Rousseff enunció una estrategia preventiva contra la corrupción gubernamental. Advirtió a ministros y las primeras líneas de funcionarios que si hay denuncias contra ellos, deberán ir al Congreso a dar explicaciones. El efecto “demostración” de este alerta ya dio resultados: el viceministro de Agricultura Milton Ortolan renunció el fin de semana en forma “indeclinable” , luego de que un semanario brasileño revelara la existencia, dentro de esa cartera, de una mafia que negociaba contratos y licitaciones a cambio “beneficios”.

Un diario paulista afirmó que el próximo en salir podría ser el propio ministro Wagner Rossi, un importante dirigente del oficialista Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), y amigo del vicepresidente brasileño Michel Temer. Según Folha de Sao Paulo , este habría empleado en una empresa estatal que dirigía en épocas de Lula da Silva, a parientes de correligionarios. En cuanto a las acusaciones que pesan contra Ortolan, quien declaró tener la “conciencia tranquila”, son más pesadas. Es que contiguo al despacho del viceministro un “conocido lobista” tenía escritorio propio con infraestructura informática y de comunicaciones . Desde ese puesto controlaba la “distribución” de contratos, operaba en las licitaciones y elegía las empresas “ganadoras”. El esquema, al parecer, venía de larga data. De acuerdo con la revista, editada en San Pablo, el lobista en cuestión llegó a redactar un a “auto-contratación” por casi 6 millones de dólares, que privilegió una fundación de la que es presidente.

Rossi, un dirigente político de importancia dentro del partido oficialista Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), sostuvo que no sabía nada de ese asunto. En cuanto a su ahora ex subordinado Ortolan, este declaró tener la “conciencia tranquila” porque en sus 40 años de administración pública “jamás fui acusado de conductas irregulares”.

Dilma ha subrayado que no cederá en la “operación limpieza”, que dirige personalmente desde el Palacio del Planalto. Hasta ahora, y según las encuestas encargadas por el propio gobierno, eso le ha generado una popularidad record para los 6 primeros meses de gobierno. Con la aprobación de 49% de los encuestados, el dato resulta “envidiable” hasta para su carismático y popular predecesor Lula da Silva. Pero la prensa brasileña comenzó a recoger lo que por ahora mencionan como “incomodidad” en las direcciones de los innumerables partidos que constituyen la alianza oficialista, entre ellos los dos mayores: el PT y el PMDB.

El senador Jorge Viana, un encumbrado dirigente del PT, evaluó públicamente en el Senado que el gobierno “padece un déficit de política”. Según el parlamentario “falta atención y trato adecuado” con las agrupaciones que componen la coalición. Esa suerte de “rebelión en sordina” está íntimamente vinculada con la decisión presidencial de descabezar ministerios donde se comprueben ilegalidades.

Ocurre que muchos ministros son también legisladores que han pedido licencia temporaria para ocuparse de funciones de gobierno y toman el Parlamento como caja de resonancia de sus temores. Eso explica el inicio de una contraofensiva de diputados y senadores, que empieza a manifestarse bajo la forma de veladas amenazas, como la de afirmar que Dilma Rousseff podría sufrir en el futuro un “derrota desestabilizadora” en el ámbito legislativo.