"En el último mes y medio, el Gobierno ha aumentando la presión sobre el eslabón exportador agregando nuevas exigencias de difícil cumplimiento en la logística de los puertos, entre ellas, la verificación del peso de la carga del barco con una medición del calado y sondaje de tanques (o draft survey) para cada permiso de embarque, la resolución 3341/2012 que introduce el control especializado en la detección de estupefacientes para cada buque granelero con la intervención de perros y la no renovación de permisos provisionales de algunos puertos".

"Estas medidas incrementan los tiempos de carga de los buques y, por lo tanto, eleva el costo de la operatoria en los puertos".

"Esta política de presión sobre la logística en los puertos podría repercutir en los precio que reciben los productores, haciéndolos cargo de los costos de una disputa de índole judicial que les es ajena".

Confederaciones Rurales Argentinas manifestó su preocupación por el impacto que traerían estas medidas y solicitó al gobierno nacional adecuar el sistema de control de la logística portuaria a la de los países exportadores de granos competidores de la Argentina, "evitar los excesos en la cantidad de controles y poner énfasis en mejorar la calidad de los controles en la exportación de productos agropecuarios".