Neuquén > “El Derecho Ambiental está pero parece que no se aplica. Tiene un déficit insoslayable de superar que es su raquitismo de aplicación”. A partir de esta afirmación, Sebastián de Bernardin, licenciado en Saneamiento y Protección Ambiental de la Universidad Nacional del Comahue, se preguntó por qué sucede eso, cuáles son los fundamentos legales y las bases institucionales que se construyeron socialmente para dar soporte a una nueva política de protección ambiental integral en la ciudad de Neuquén. El resultado de su indagación es el libro “Aproximaciones a la tutela jurídica y protección ambiental en Neuquén. Organismos de aplicación y sociedad civil”, investigación que refleja los déficits de los poderes del Estado en su función de resguardo del ambiente y de control de las actividades que se desarrollan e impactan sobre él.

¿La sociedad está al tanto de la tutela jurídica en cuanto a la protección ambiental?

En primer lugar, hay que decir que los fundamentos legales y las bases institucionales que darían soporte a una nueva política ambiental integral se vienen construyendo desde hace más de diez años. Por lo tanto, la protección ambiental en la ciudad de Neuquén es un campo en reciente formación. En segundo lugar, para exigir hay que comprometerse, y comprometerse es transformarse en ciudadano, y de esta manera conocer la normativa y luego cumplirla y hacerla cumplir. Pero hay una característica importante del derecho ambiental que es el derecho de deber. No sólo tenemos derecho a un ambiente sano, justo y equilibrado para nuestro desarrollo y el de las futuras generaciones, sino también tenemos el deber de protegerlo y mejorarlo.

Por lo tanto, hay un desconocimiento de los instrumentos.

Así es. A pesar que a nivel municipal existen organismos como la Subsecretaría de Medio Ambiente y la Dirección de Protección Ambiental, encargados de planificar una ciudad armoniosa con su entorno y resolver eventuales problemas ambientales. Está la Defensoría del Pueblo de la ciudad para defender y proteger los derechos, garantías e intereses de los individuos y de la comunidad, que canaliza los reclamos e inquietudes que tienen los vecinos y que ascienden al 20 por ciento total de denuncias. Estos organismos que articularían la legislación ambiental vigente como las acciones concretas enmarcadas en las normativas de protección ambiental, nunca se pusieron en funcionamiento, como el caso de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, creada por la constitución provincial.

Usted afirma que el ambiente es también el que construimos y no sólo los ríos y las montañas.

Definimos el medio ambiente como las relaciones entre los seres humanos como sistema social con los sistemas naturales. La calidad de vida tiene que ver con la calidad de esas relaciones. Ambiente son también las comunidades que construimos, las calles y edificios que construimos, los árboles que no construimos, que no plantamos, que cortamos, el espacio recreativo que no construimos. El derecho ambiental tiñe la vida privada de pública.

Existe una interrelación entre la comunidad y las instituciones.

El destino ambiental de Neuquén va a estar dictaminado por la sinergia que se puede generar entre el Estado y la sociedad civil organizada. De este pacto no quedan exentas las empresas ligadas a las actividades productivas y económicas de la región, incluido el pequeño comerciante que corta un árbol para que se vea el letrero de su negocio. Lo que debe quedar claro es que el eje articulador de esas sinergias pasa por la necesaria intervención del Estado como órgano regulador, es decir, el que aplica la ley para que sea cumplida.

¿Tuvo oportunidad de hablar con concejales y legisladores provinciales?

Tanto a los treinta y ocho legisladores provinciales y a los dieciocho municipales les hice llegar a su despacho un protocolo de entrevista a los efectos de conocer su opinión.

¿Le respondieron?

Uno solo, que me aclaró que desconocía la situación ambiental pero le preocupaba. Del resto no tuve respuestas.

Esto significa…

Significa que los problemas ambientales no forman parte de la agenda institucional de los legisladores provinciales y municipales. El ciudadano común vive desvinculado de las instituciones que controlan y toman decisiones sobre el medio social y natural, no participa en la configuración de la realidad en la que reside. No logra influir en los decidores públicos. Los problemas que preocupan a la sociedad, no alcanzan la entidad suficiente como para convertirse en problemas públicos y formar parte de las agendas institucionales.

¿Existe una falta de conciliación entre urbanización y sustentabilidad?

A partir de 2007, la población urbana a nivel mundial superó a la población rural. Parece ser que mientras más grandes son estas urbanizaciones mayores son los problemas. Es el caso de Neuquén que con su vertiginoso ritmo de crecimiento generó una expansión urbana desordenada que provocó graves problemas sociales, económicos y ambientales que ponen en riesgo la salud de las personas y deterioran su calidad de vida. La pregunta es si estos modelos de urbanización pueden construir comunidad, fraccionan o destruyen esa comunidad.

¿Qué preocupaciones ambientales expresan los vecinos de la ciudad?

Conversé con vecinos de los barrios Don Bosco II, Valentina Sur, Villa María y Villa Florencia quienes señalaron que los problemas ambientales son, entre otros, déficit habitacional, ocupación de espacios de manera informal, presencia de microbasurales, contaminación de canales y arroyos, déficit de espacios verdes y arbolado urbano, escasez de áreas recreativas, elevada población canina, colapso de los sistemas de agua.

¿Qué futuro avizora en la provincia sobre las cuestiones ambientales teniendo en cuenta que la explotación de petróleo es uno de los principales recursos?

Las advertencias que se hacían hace cuarenta años hoy son crueles realidades. Debe haber una resignificación de valores, una transformación social y cultural que eso lo podemos hacer hoy, y que es tener una mayor participación con los principios del derecho ambiental. Y una herramienta administrativa fundamental de participación social es el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, un proceso jurídico de carácter imperativo, exigido por la Ley General del Ambiente, y que no puede pasarse por alto. Es una actuación preventiva, predictiva; por lo tanto se desarrolla en la etapa de predaño y en donde también se estudia la etapa de abandono del proyecto, es decir qué va a pasar dentro de cuarenta años cuando ese emprendimiento que está en ese espacio no se use más o no tenga esa utilidad. Esto implica planificar y decidir con una visión de generaciones futuras.