Todo lo que no sirve, desde una cáscara de banana hasta un camión, se tira al gran tacho de los rellenos sanitarios. Los desechos son sólo eso: desechos sin ninguna posibilidad de reinserción productiva. Así funciona la gestión de residuos en Estados Unidos. Y así funciona –más allá de algunas excepciones– el modelo argentino, en particular en el área metropolitana de Buenos Aires. Este sistema de gestión, importado por nuestro país en 1977 gracias al brigadier Osvaldo Cacciatore, por entonces intendente de la Capital Federal, tuvo como puntapié inicial la privatización de lo que hasta entonces era un servicio público. Fue cuando se constituyó la Ceamse (Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado), un ente interjurisdiccional de gestión privada encargado del transporte, tratamiento y disposición de los residuos sólidos desde la Ciudad hasta su destino final.

Aquel decreto de Cacciatore significó un cambio de paradigma. Hasta entonces y desde la primera década del siglo XX, la basura se incineraba en los edificios, hoteles, mercados y colegios o en los grandes hornos de Chacarita, Flores y Nueva Pompeya. La idea de sacar los residuos a las afueras de la Capital Federal fue la aplicación en la basura de aquella frase que el sociólogo Oscar Oszlak usó para describir el ideario del brigadier: “Una ciudad para los que la merecen”.

Alejandro Tiscornia, colaborador de decenas de cooperativas de reciclado en José León Suárez, señala que “la decisión de Cacciatore fue evitar cualquier posibilidad de reciclado que, para entonces, ya existía como alternativa concreta”. Y agrega: “Este sistema, al mismo tiempo que reduce la cantidad de basura que se entierra brinda una respuesta social a miles de recicladores –trabajadores– urbanos”.

El modelo basado en el reciclado se aplica en Europa y es la versión opuesta al sistema argentino y estadounidense. En el Viejo Continente la separación en origen es mucho mayor y prácticamente todas las ciudades han incorporado este hábito desde hace años.

¿Qué hacer? Para Máximo Lanzetta, sociólogo y actual director de la Agencia de Política Ambiental del municipio de Almirante Brown es inevitable que haya rellenos sanitarios: “Así sucede en todo el mundo, hasta en Alemania y Japón, y claro que hay que avanzar en el reciclado como una salida social y ambiental. Sin embargo, una de las llaves para morigerar la cantidad de basura en los rellenos es la sanción de la ley de envases”. Este proyecto es una iniciativa del senador Daniel Filmus por la cual se les pone una fuerte presión fiscal a las industrias que generan buena parte del pasivo ambiental. La iniciativa –que no es otra cosa que la actualización de decenas de proyectos presentados desde hace 15 años y que siempre han sucumbido por el lobby empresarial– plantea que las empresas monten sus propias plantas de reciclado de envases y botellas asumiendo el costo. Caso contrario, se les aplicará una dura presión impositiva. Según las últimas cifras emitidas por la Ceamse, los plásticos, que centralmente provienen de los envases, representan el 20 por ciento del total de basura.

Para otros especialistas la idea es que quienes atentan contra la posibilidad de encontrar una salida al problema de la basura son las empresas recolectoras y hacia ellas hay que apuntar. Los contratos de recolección representan una gran parte de los presupuestos municipales. Es mucha plata y no están dispuestas a perder esa facturación.

Actualmente, en José León Suárez se reciben cerca de 6.000 toneladas diarias de basura porteña. Según la Ceamse, en todo el Conurbano hay 105 basurales ilegales a cielo abierto. Por otra parte, a los municipios no les conviene combatirlos ya que si no deberían pagarle a la Ceamse un canon extra por esos residuos. De acuerdo a cifras oficiales de la provincia de Buenos Aires, en promedio los municipios del Conurbano pagan cerca de 300 millones de pesos anuales a las empresas solo en concepto de recolección. El panorama parece sombrío.