Leí las notas varias veces y debo decir que no me reconocí en las palabras transcriptas. El contexto había cambiado el sentido que alguna vez había imaginado para aquellas líneas. De repente me sorprendo disculpando a Magnetto y defendiendo a Clarín. Había sido objeto de una de las prácticas que definen al periodismo contemporáneo que militan Clarín y otros medios nacionales: la descontextualización y tergiversación de los sentidos.

De todas maneras, Fontevecchia tiene razón cuando dice: “Tanto interés por Magnetto no podría ser por Magnetto”. En efecto, el problema no es Magnetto o no es sólo Magnetto sino una forma de concebir y practicar el periodismo. Un periodismo que, cuando se arroga el lugar de la verdad, reclama para sí fueros especiales, inmunidad ciudadana; propone pensar la libertad de expresión como una libertad de lujo, un derecho absoluto.

En nombre de la libertad de expresión vale todo, incluso pisotear otros derechos, como por ejemplo el derecho de las víctimas a no ser expuestas a través de la manipulación de su dolor; los derechos de los niños, niñas y adolescentes; el derecho a la imagen propia; el derecho a la personalidad; a la intimidad; a la identidad; el derecho a la presunción de inocencia; el derecho al debido proceso; el derecho a la información, es decir, un conjunto de derechos que, TN y Clarín, entre otros medios, violan sistemáticamente con sus urgentes y sensacionales coberturas. Porque está visto que no sólo los Estados violan los derechos humanos, también las grandes empresas, entre ellas las empresas de comunicación monopólicas. Pero hay algo más todavía: cuando el “periodismo independiente” despoja a los individuos de sus derechos, está practicando también la censura previa. Priva de la voz cuando estigmatiza o desautoriza la palabra de los actores desaventajados.

En ese sentido, no está de más recordarle a Fontevecchia que la libertad de expresión en una democracia con una estructura social desigual es un derecho relativo. Para que el pueblo pueda decidir cómo quiere vivir, además de comprometerse (en el activismo cívico) tiene que tener la posibilidad de expresarse. Pero si la comunicación pública se organiza exclusivamente a través del mercado, en función de la concentración del capital y la capacidad de consumo de los actores, está claro –como dijo el constitucionalista Roberto Gargarella– que los que tienen más recursos tendrán siempre más chances de llegar más lejos y a más personas que aquellos actores que, por las particulares circunstancias en las que se encuentran, no pueden tener un diario ni pagar una solicitada en ese diario, o su problema tampoco resulta agendado por los periodistas o siendo tomado es descontextualizado, simplificado o, peor aún, tergiversado.

La Ley de Servicios Audiovisuales fue un punto de partida para la democratización de los medios, pero sólo un punto de partida. La desmonopolización tampoco garantiza el pluralismo que necesita el debate democrático para que sea abierto, desinhibido y vigoroso. Hay que completarla con la protocolización del periodismo. Ir más allá de los manuales de estilo (redactados por los empresarios) o los códigos de ética (redactados por los periodistas agremiados), que postulan principios meramente aspiracionales y, por tanto, no vinculantes, cargando todo a la cuenta de la conciencia del periodista, ajeno a cualquier tipo de control ciudadano (que conste, dicho sea de paso, que no digo “control estatal” sino “social”, controles basados en las experiencias ciudadanas proactivas como por ejemplo en la constitución de las veedurías y observatorios de medios y en un sistema media accountability systems, sistemas ciudadanos de rendición de cuentas de los medios, creados por la comunidad como mecanismos de equilibrio y contención del poder mediático, para que éstos no se desborden).

Por el contrario, con los protocolos o manuales de proceso o estatutos de redacción (producto de un debate no corporativo, sino de una discusión que involucrará además de periodistas y empresarios a las universidades con sus investigadores, docentes y alumnos; a los movimientos sociales; sindicatos; agencias del Estado, etc.) se propone profesionalizar el periodismo (y que conste que tampoco estoy hablando de colegiación), adecuar su ejercicio a los estándares internacionales de derechos humanos.

No se trata de decirle al periodista qué tiene que decir sino cómo decir aquello que eligió o le dijeron que tenía que contar sin violar los derechos de los actores involucrados en la noticia y nuestros derechos como lectores o televidentes.

Por eso Fontevecchia tiene razón cuando dice que Magnetto no es el problema sino lo que él representa, gestiona y dirige: un periodismo censor, que sale a “cubrir” la realidad con la “tapa” de los diarios. Al fin y al cabo, ésa fue la tesis principal del libro Contra la prensa, que tanto le interesó a Fontevecchia.