Al menos así lo sintetizó el titular de la entidad de bien público en defensa de los derechos ciudadanos, Aníbal Faccendini.

La misiva pone en cuestión que la empresa desde "1986, cuando fue creada, hasta la actualidad, nunca se sometió al artículo 42 de la Constitución Nacional, a audiencias públicas ni a ente regulador ni control alguno, como así tampoco se sometió a la ley 24.240 de defensa del usuario y el consumidor".

El reclamo colectivo está dirigido al ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la provincia, Antonio Ciancio.

En el escrito se expresa que "la EPE necesita inversiones, consejo y reformas". Y se explaya en este sentido cuando se lee que "la prestación del servicio eléctrico se va agravando desde los primeros años noventa hasta el presente".

Para este grupo de vecinos, fundamentalmente de zona sur, la desinversión "se agravó desde los 90 hasta 2003, en su momento con el cuestionable objetivo de privatizarla y por lo tanto 250 manzanas de la ciudad de Rosario presentan cables obsoletos".

Reforma cultural. Los vecinos y la asamblea sostienen también en el documento que "la EPE necesita inversiones, pero eso solamente no alcanza: necesita reformas culturales, de organización interna y en su relación con la sociedad".

"No alcanzan nuevos recursos económicos inversionales con culturas organizacionales antiguas y cerradas. El problema es complejo y no sólo economicista. El principio de diagnóstico es que estamos ante una empresa estatal cerrada, que debe pasar a ser una empresa pública al servicio de la comunidad", sostiene.

Así, exigieron que se constituya un consejo comunitario integrado por todas las fuerzas vivas de la sociedad, para coordinar y planificar la demanda eléctrica.