Ante la renovada presión de los mercados, el gobierno de Mariano Rajoy apura la puesta en marcha de una ambiciosa ola de privatizaciones de empresas y servicios públicos como "medida de choque" para reducir el déficit y recaudar hasta 38.000 millones de dólares. Así, intenta alejar a España de la necesidad de buscar un rescate financiero de la Unión Europea.

A través de este plan, sin precedente en España y que podría ponerse en marcha en los próximos 90 días, el Estado español se desprendería en forma total o parcial de la administración de los ferrocarriles (Renfe), los aeropuertos más importantes, los puertos e, incluso, una entidad tan tradicional como simbólica para los españoles: la Lotería y Apuestas del Estado (LAE). Según fuentes del Ministerio de Economía español, citadas por la agencia Europa Press y publicadas por la edición digital del diario El Mundo, la intención del Palacio de la Moncloa es recaudar, mediante estas operaciones, entre 25.000 y 38.000 millones de dólares.

Esta medida del gobierno de Mariano Rajoy contribuiría a amortizar la deuda pública y mejorar el nivel de ahorro previsto como consecuencia del duro plan de ajuste ya implementado, que, según reconocen en el seno del gobernante Partido Popular (PP), aún "no terminó".

En ese sentido, el Comité Ejecutivo Nacional de la fuerza oficialista se reunirá mañana en un encuentro que será presidido por el propio Rajoy, que analizará con sus partidarios las medidas de ajuste ya tomadas.

La cúpula del partido gobernante evaluará, también, las nuevas iniciativas, entre las que podría tener cabida el plan de privatizaciones de algunas empresas que aún se encuentran en manos del Estado.

Pero también se espera que en ese encuentro se prepare a los cuadros dirigentes partidarios para comenzar a discutir e instalar en la opinión pública la necesidad de hacer nuevas reformas en el sector público, adicionales a las ya anunciadas, en especial en las áreas de educación y justicia.

La eventual ola privatizadora buscaría, además, calmar un mercado financiero local afectado por las turbulencias provocadas por los 29.500 millones de dólares de fondos públicos inyectados en Bankia, el cuarto banco en importancia del país, que encendió las alarmas por un posible colapso del sistema bancario español.

DESCONFIANZA

La maniobra de rescate de Bankia, que implicó una asistencia superior a la esperada, generó un aumento de la desconfianza en las necesidades reales del sistema bancario español y disparó el riesgo país hasta los 494 puntos, marca récord para un cierre de fin de semana.

En ese contexto, el procedimiento inverso -es decir, el ingreso de capital privado en las arcas públicas- reforzaría, ante los observadores y los mercados internacionales, la voluntad del gobierno de Rajoy de alcanzar la meta de déficit acordada con Bruselas (5,3% para 2012 y 3% en 2013).

Este compromiso, según las fuentes consignadas por los medios españoles, se lograría no sólo con la venta de activos y participaciones del Estado, sino también con un proceso de desinversión en empresas donde actualmente está presente la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Este organismo actualmente participa en empresas estratégicas como IAG (la corporación resultante de la fusión de las compañías aéreas Iberia y British Airways), Red Eléctrica de España (REE) y Ebro Foods.

Sin embargo, y a pesar de ajustarse las posibles privatizaciones a las políticas de austeridad del actual gobierno español, el plan no está exento de polémicas.

CAMBIO DE POSTURA

Rajoy, que hoy estudia estas medidas, se opuso reiteradamente a la privatización de la lotería estatal durante el gobierno de su predecesor, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, al sostener que esa maniobra implicaría la "malversación" de fondos públicos.

De idéntico modo, el Partido Popular (PP), de Rajoy, rechazó en el pasado el ingreso de la gestión privada en AENA, más allá de que luego reconoció la viabilidad del proceso en un contexto de crisis económica.

Las versiones sobre el plan de privatizaciones de las terminales aeroportuarias estatales cobraron fuerza la semana pasada.

El viernes pasado, la Unión General de Trabajadores (UGT), una de las dos centrales sindicales españolas, se opuso con firmeza a la posible venta de AENA y acusó al gobierno de Rajoy de "crear un clima social" para conducir a una "privatización innecesaria y costosa" de los aeropuertos.

En el primer pronunciamiento explícito contra el supuesto plan del gobierno, el sindicato le pidió al Palacio de la Moncloa que "no juegue" con "los 13.000 puestos de trabajo directos" que genera AENA.

Por otra parte, el partido Unión Progreso y Democracia (UPyD) les exigió a los autoridades nacionales anteayer, mediante una nota formal, que ratifique o desmienta las versiones sobre una posible venta de la empresa pública administradora de los ferrocarriles (Renfe), rumores que circulan desde principios de mes.

"Es necesario que el gobierno adopte posturas sobre la posible privatización de Renfe y dé explicaciones sobre su viabilidad", reclama en ese escrito el vocero adjunto de ese partido de oposición en el Congreso español, Carlos Martínez Gorriarán.

38.000

millones de dólares

Pretende ingresar el gobierno español en las arcas públicas por medio de privatizaciones.

29.500

millones de dólares

Fueron los fondos inyectados para salvar a Bankia, el cuarto entre los bancos más grandes de España.

5,3%

de déficit fiscal

Es la meta acordada entre España y la UE para 2012; un objetivo de las privatizaciones es bajar el déficit..