A pocos días de que promulgara una ordenanza por la cual se le condona a la empresa Supermercados Toledo SA una deuda de 600 mil pesos que mantenía con el Municipio en concepto de Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene, el intendente Pulti avanza hacia la privatización del cobro de las Tasas de Publicidad y Propaganda, de ocupación o uso de espacios públicos, y el tributo por inspección e instalación de antenas. Un negocio millonario que podría terminar siendo una seria carga para los comerciantes y vecinos.
Tal como adelantó 0223.com.ar, el próximo 23 de junio se abrirán los sobres de la licitación Nº 06/10 denominada “Contratación sistema de detección, verificación, determinación, liquidación, seguimiento de pago y gestión prejudicial por derechos de publicidad y propaganda, de ocupación o uso de espacios públicos, y tasa por inspección e instalación de antenas”.
Se trata de la privatización de la recaudación impositiva: el Estado Municipal pretende delegar facultades para el cobro de tasas a manos de empresas privadas que no sólo se encarguen de las gestiones de cobro prejudicial de esos tributos, sino también de efectuar relevamientos y constatación con el fin de detectar potenciales contribuyentes.
La intención del Departamento Ejecutivo local de privatizar el cobro de la contribución sobre Publicidad y Propaganda a empresas, es llamativa, en cuanto delega funciones básicas del estado, que debiera tener todas las condiciones para ejercer por sí, la potestad tributaria y el poder de policía.
El proyecto que pretende licitar la contratación del servicio de cobro de tasas está pensado “para incrementar” el ingreso en ese rubro, será la vehemente defensa que darán desde el gobierno municipal en las próximas horas. Pero, como dice un dicho popular “el pez por la boca muere”. Estas palabras implicarán el reconocimiento de la incapacidad e ineficiencia de la Agencia de Recaudación Municipal creada por el intendente Pulti.
¿La Municipalidad no tendría que trabajar para solucionar su propia ineficiencia sin tener que recurrir a una privatización? ¿Por qué la Comuna no capacita a su personal a los fines de eficientizar la recaudación y el poder de policía, y no convertir una potestad del municipio en un negocio de particulares, que seguramente van a arrastrar a largar discusiones judiciales atento a la pretensión de estas empresas de extender el cobro de la contribución de dudosa legalidad? ¿Antes de llevar adelante esta controvertida privatización no habría primero que administrar bien los recursos?.
A contramano de estas alternativas, el gobierno de Pulti sigue ingresando amigos por la ventana a la planta de personal municipal y ¡ha creado nuevos cargos políticos con sueldos que superan los 9 mil pesos!, todo con plata del erario público.
POSIBLE GOLPE A LOS COMERCIOS LOCALES
El Jefe Comunal avanza hacia una imposición distorsiva, un rebuscado mecanismo para cobrar más. En la práctica en otros municipios funciona como un método de recaudación “voraz”, que llega a ser abusivo, donde se cobra cualquier publicidad en espacios privados, es decir dentro de los comercios.
Que el estado quiera recaudar más podría ser comprensible pero ¿es necesario ir en contra de la economía local con estos métodos de recaudación abusivos y tan cuestionados?.
Si bien hasta el momento no se conoce la letra chica del pliego de bases y condiciones de la licitación impulsada por Pulti ni tampoco el Ejecutivo municipal ha dado públicamente las respectivas explicaciones de este posible negocio que se pretendería cocinar en la sombra burlándose de la pregonada transparencia de los actos de gobierno, esta privatización directamente podría afectar a varias empresas locales, que tengan marca y publicidad: hay firmas de aguas, fábricas de indumentaria, maquinarias, productos alimenticios, etc. Estas pagarían directamente la nueva imposición como ocurre en municipios del conurbano bonaerense.
En esas Comunas, se les cobra a las marcas que exhiben publicidad dentro de los comercios. Ya sea en un mercado, casa de electrodomésticos, una tienda, o cualquier comercio que tenga publicidad en su interior. La empresa que percibe este impuesto va a los comercios, saca fotografías, mide cuántos metros cuadrados de publicidad tiene y a partir de ahí intima el cobro en algunos casos retroactivos.
Indirectamente se afectaría a todos los comercios y vecinos: porque las grandes marcas en la práctica terminan trasladando los montos que pagan al precio de los productos. Los comercios que tengan franquicias o sean representantes exclusivos de determinados productos son los más afectados. En muchos casos algunas firmas terminan obligando a los comercios a que retiren todo tipo de publicidad, y sabemos que hay comercios que viven del prestigio que les da representar a marcas importantes.
De avanzar esta iniciativa de neto corte neoliberal se transformaría en otro antecedente del vaciamiento y privatización de las funciones básicas del estado como ocurrió durante el menemato. Solo se intentaría favorecer un poco a las alicaídas arcas municipales -ante la falta de racionalización del gasto de Pulti y sus inútiles funcionarios- y a empresas privadas ¿amigas del poder? que manejan esta operatoria, pero sin dudas podría perjudicar a todo el comercio y vecinos de Mar del Plata.
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