Luego de que el Gobierno finalmente blanqueara su intención de recuperar OSM a manos de la Provincia, el próximo paso será definir el esquema de la reestatización. Frente a esto, los socios privados de mayor o menor participación accionaria, "suspendidos" con la intervención, e incluso los que aspiraban a serlo, analizan la chance de ocupar uno o más sillones en el directorio aun a costa de resignar poder de decisión...

Algunos salieron a cuestionar el anuncio: argumentan que ni la Provincia está en condiciones financieras de afrontar las inversiones necesarias ("si esperaban $ 10 millones de un juicio para hacer escuelas, ¿cómo harán esto con el nivel de desinversión existente?" confió un referente en off the record), ni habrá potenciales accionistas interesados en quedarse con un 20%, una de las alternativas que manejan los funcionarios jaquistas.

Lo cierto es que algunos candidatos a ocupar el espacio del grupo francés Saur, controlante de OSM hasta la intervención, vuelven a anotarse en la carrera, aunque con ciertas reservas.

"Estamos dispuestos a invertir, somos jugadores, pero sabiendo en qué condiciones será el partido. La presencia estatal no nos limita, en la medida que el gerenciamiento sea privado, porque creo que las empresas están hechas para que las manejen los empresarios", señaló Ricardo Mastronardi, apoderado del grupo que integran inversores locales en sociedad con la española Befesa.

Por otra parte, Los Andes intentó reiteradamente, sin éxito, comunicarse con los representantes en Mendoza del grupo Sielecki (Aguasur), el socio principal de Saur durante la etapa de gestión privada y que llegó a nivel de confrontación dialéctica con el mismo Gobierno a través de declaraciones y solicitadas luego de ser desplazado.

Antes de conocerse la intención del Ejecutivo, el ex vicepresidente de OSM y hombre de Sielecki en el directorio, Federico Qüerio, había señalado a este medio, ante los cortes de servicio repetidos y los problemas financieros, que "si la gestión del operador de la concesión derivó en la intervención, la población no advierte que el solo aumento de tarifas mejoraría el servicio del agua potable. Después de varios meses de intervención y el 37% de aumento de tarifa ya no es posible culpar a las inversiones pasadas".

No obstante, varias veces desde Aguasur habían manifestado su intención de asociarse al Estado ante una eventual reestatización.

En 2008, Mastronardi presentó formalmente al Gobierno las intenciones del grupo de adquirir las acciones de Saur, en aquel momento decidido a apartarse de OSM, a partir de un preacuerdo suscripto con los inversores galos. Hoy asegura que nunca obtuvo respuesta.

Para el representante, la falta de inversión acumulada alejó la posibilidad de sumar a otro socio foráneo. EPM (Empresa Prestadora de Medellín), el ente público que controla los servicios de la metrópoli colombiana, mantuvo cierto interés en el manejo del agua y la electricidad en Mendoza, que luego se disipó.

Entre las probables opciones que vislumbran en el sector privado para firmar una alianza con el Estado, el plan A es no resignar el management, reservando al Gobierno la "acción de oro" en ciertas decisiones. Si, como se anticipa, no es posible, el B sería limitarse a la operación técnica (20%) con la renta resultante asegurada.

La danza de nombres expuestos y ocultos en la nueva carrera ya empezó. En el caso de Mastronardi, aparece el de Befesa, pero los capitalistas mendocinos que están detrás son un misterio hasta ahora. Él mismo niega la presencia de los actuales (Groisman, Vila), por una cláusula restrictiva firmada con Michel Fourré, CEO de Saur, y alude a "gente que ha vendido sociedades y ha hecho grandes transacciones para Mendoza".