Ayer se conoció un llamado a licitación del Estado cordobés para contratar un servicio de auditoría sobre la deuda pública. El objetivo de la medida es “brindar mayor transparencia a la gestión” de las acreencias.
El dato se oficializó ayer por medio de la publicación del decreto Nº 633 en el Boletín Oficial, que aparece firmado por el gobernador, Juan Schiaretti; el ministro de Finanzas, Angel Elettore; y el fiscal de Estado, Jorge Córdoba.
En el mismo, las autoridades disponen el llamado “a licitación pública nacional e internacional para la contratación de servicios de auditoría sobre la Deuda Pública del Sector Público no Financiero de la Provincia de Córdoba administrada por el Ministerio de Finanzas y la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (Acif)”.
Con respecto a los fundamentos de esta decisión, en los considerandos de la norma el Ejecutivo destaca “que a través de los servicios de auditoría prestados por una firma independiente, la Provincia pretende brindar mayor transparencia en la gestión de la Deuda Pública Financiera del Sector Público No Financiero”. Asimismo, la resolución resalta “que del trabajo de auditoría propiciado, podrían obtenerse observaciones y/u oportunidades de mejora con el objeto de optimizar los procesos de elaboración y registración de información.
El decreto dispone además que la Dirección General de Administración del Ministerio de Finanzas será quien fije la fecha de la licitación, estableciendo también el lugar y hora de apertura de los sobres. Según pudo conocer LA MAÑANA, los plazos aún no fueron establecidos, por lo cual aún no se sabe cuándo comenzarán a ser analizadas las cuentas públicas.
Oportunismo y política
La decisión del Estado cordobés de avanzar en la contratación de una auditoría externa de la deuda tiene claramente una lectura también política.
Debe recordarse al respecto que la deuda es, desde siempre, uno de los puntos de conflicto con la oposición, que recurrentemente reclama porque considera que los números oficiales no se condicen con la realidad. Ahora, con esta auditoría, desde la Casa de las Tejas creen que los opositores ya no tendrán herramientas para negar los números.
Además, resulta sugestivo que el gobierno haya avanzado en esta determinación recién ahora, con el acuerdo de refinanciamiento de deuda ya firmado con el gobierno nacional.
Hasta el 31 de marzo (último dato oficial), la deuda reconocida por la Provincia asciende a más de $ 7.600 millones, de los cuales casi $ 6.300 millones son en pesos y, el resto, en dólares (u$s 345 millones). A la cifra total hay que descontarle los $ 2.221 millones que se descontarán este año en el marco del acuerdo con la Nación; por lo que la deuda actual estaría en torno a los $ 5.400 millones.
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