San Martín de los Andes > La polémica desatada tras la presentación de un proyecto de ordenanza que amplía la base imponible de la tasa de promoción turística a los profesionales de la ciudad, parece haber encontrado un camino de solución tras la reunión mantenida entre los representantes de los distintos colegios de la ciudad y las autoridades del Ente Sanmartinense de Turismo.

Según indicó el secretario de Turismo de la comuna y presidente del Ensatur, Raúl Pont Lezica, “tras dejar en claro las posiciones de cada una de las partes, se convino llevar adelante una nueva reunión de características técnicas ejecutivas, a fin de estudiar el contenido del proyecto de ordenanza en cuestión para avanzar en las reformas necesarias.

El presidente del Ensatur explicó que “en principio quedó todo claro; vamos a ponernos a trabajar en conjunto con la intención de lograr la mejor ordenanza posible, sin que por esto se deje de lado el espíritu de la misma, que es aumentar la base imponible de la tasa de Ensatur”.

La polémica se desató días atrás cuando desde los colegios de profesionales se cuestionó la mentada tasa que los obligaría al pago de 18 pesos por mes, indicando que este tributo lo debe pagar quien se beneficia directamente de la actividad turística, cosa que en ningún caso pasa con los profesionales, tal cual lo indican en una nota enviada a la entonces presidente del Concejo Deliberante, Cristina Frugoni.

Luego, los profesionales indicaron que cuestionaban “la legalidad del proyecto porque las tasas se cobran sobre servicios públicos”.

“Hasta ahora no se nos demostró que la promoción turística lo sea. De demostrarse esta hipótesis, los mismos deben ser afrontados por la totalidad de los contribuyentes, de acuerdo a su capacidad contributiva y no por algunos sectores”, hicieron saber e ejemplificaron: “Valgan como ejemplos la recolección de residuos, el alumbrado público o el barrido de las calles, sólo por citar algunos de esos servicios que todos pagamos. Si quisieran cobrar un impuesto a la promoción turística, sería inconstitucional porque no tienen potestad para hacerlo”.

Según trascendió, en la reunión del viernes no sólo se limaron asperezas sino que se allanó el camino para lograr la puesta en marcha de una comisión que estudie el tema a fondo.

Ante esta situación se decidió que el tratamiento del tema en el seno del Concejo Deliberante, presidido por el concejal Horacio Raguso (Participar), se postergue un tiempo de modo tal de lograr un proyecto de ordenanza superador.