En el asentamiento del barrio Pirayuí las novedades avanzan en dos direcciones, ya que por un lado ayer las asistentes sociales iniciaron finalmente el censo ordenado por el Poder Judicial y por otro, los okupas con los empresarios trazan principios de acuerdo para lo que será la contraoferta.

El abogado Miguel Soto confirmó a El Litoral que ayer un numeroso grupo de censistas arribó al Pirayuí y tomó contacto con los delegados para avanzar con el relevamiento de familias que permanecen en los predios. Como se sabe, los datos arrojan unos 2.126 núcleos familiares compuestos por 6.088 personas.

Las profesionales tienen la responsabilidad de añadir otro tipo de información como ser los datos socioeconómicos de los ocupantes del asentamiento y definir, por ejemplo, la cantidad de niños o miembros con capacidades diferentes que pueblan el amplio predio. Las profesionales tienen previsto iniciar el relevamiento a las 9 de hoy y trabajar hasta la tarde, para reanudar las labores la semana entrante ya que sábado y domingo no desarrollan actividades.

“Estimo que el lunes al cierre de la jornada estarán concluyendo con todo lo relacionado con el trabajo de campo”, destacó Soto.

El mediador Alejandro Botini había explicó que las asistentes se encargarán luego de volcar toda esa información en una base de datos que será elevada al Poder Judicial, el cual iniciará un cruzamiento para definir un padrón único, el cual será considerado a partir de esta circunstancia.

En otro orden de cosas, Soto se mostró entusiasmado con la llamada contraoferta porque “existe un principio de acuerdo entre la gente del Pirayuí y los empresarios de bienes raíces”. Sin embargo, dejó en claro que “sólo es la base de un gran acuerdo marco que pretendemos suscribir”.

Algunos de esos detalles dan cuenta, por ejemplo, de que la parte empresarial habría asumido el compromiso “de realizar trabajos que impliquen la habitabilidad del predio”, como ser, altear los terrenos. Se refiere también a facilitar el tendido de los servicios básicos y necesarios.

Se acuerda dimensionar los predios en 10 x 30, y tal vez lo más sorprendente que se mencionó es “excepcionar” del pago por los lotes a las familias más vulnerables, entre ellas, las que tienen como integrantes a personas discapacitadas.